Javier Milei llegó al poder con una promesa tan disruptiva como contundente: reducir el tamaño del Estado, limitar su intervención en la vida de los ciudadanos y devolverle protagonismo a las fuerzas del mercado y a las instituciones. La imagen de la motosierra se convirtió en el símbolo de una nueva época política que cuestionaba décadas de expansión estatal y burocracia.

Sin embargo, a medida que transcurren los meses de gestión, comienzan a aparecer contradicciones que ponen en tensión aquel discurso fundacional. Paradójicamente, mientras se proclama la necesidad de un Estado mínimo, se observan crecientes intentos de intervención política en ámbitos donde la autonomía institucional debería ser un principio irrenunciable.

Uno de los episodios más recientes y preocupantes tiene que ver con el intento del oficialismo de retirar o cuestionar el pliego de una candidata judicial por una razón que poco tiene que ver con sus antecedentes profesionales, su formación académica o su capacidad para ejercer el cargo. El cuestionamiento surge por un vínculo familiar: ser cuñada de un periodista crítico del gobierno.

Si esta lógica se consolida, el debate deja de centrarse en la idoneidad de las personas para pasar a juzgar relaciones personales, familiares o ideológicas. Se trata de un criterio peligroso para cualquier democracia, porque instala la sospecha como mecanismo de selección y convierte las diferencias políticas en obstáculos para el acceso a cargos públicos.

La situación adquiere una dimensión aún más compleja cuando se observan los cuestionamientos éticos que recaen sobre dirigentes y senadores que forman parte del propio espacio oficialista. Allí aparece una vara diferente. Mientras se exige pureza absoluta a quienes son percibidos como ajenos o críticos, las controversias internas parecen relativizarse o quedar subordinadas a las necesidades de la coyuntura política.

La coherencia es uno de los activos más valiosos de cualquier liderazgo. Cuando el discurso y la práctica comienzan a distanciarse, la credibilidad se erosiona. Y cuando un gobierno que se presenta como enemigo de la intervención estatal intenta influir sobre decisiones institucionales por razones políticas o personales, la contradicción se vuelve evidente.

La teoría del caos sostiene que pequeñas decisiones pueden generar consecuencias enormes e imprevisibles. En política ocurre algo similar. Cada avance sobre la independencia de las instituciones, por mínimo que parezca, puede desencadenar efectos que terminan debilitando la calidad democrática.

La Argentina necesita reformas profundas, equilibrio fiscal y modernización del Estado. Pero también necesita instituciones fuertes, independientes y protegidas de las presiones circunstanciales del poder.

Reducir el tamaño del Estado no puede significar aumentar la discrecionalidad política. Por el contrario, debería implicar fortalecer las reglas y limitar la capacidad de cualquier gobierno de intervenir donde no le corresponde.

La verdadera discusión no pasa por el tamaño del Estado, sino por la calidad de los límites que condicionan el ejercicio del poder. Cuando los criterios políticos o los vínculos personales comienzan a pesar más que la idoneidad y la autonomía institucional, se abre una puerta peligrosa: la de la colonización de organismos que deberían servir a la ley y no a los gobiernos de turno.

Ese es el riesgo democrático de fondo. Porque una vez que se naturaliza la intervención política sobre instituciones independientes, el daño trasciende a una gestión y erosiona las bases mismas de la República. La fortaleza de una democracia no se mide por la voluntad de quienes gobiernan, sino por la capacidad de sus instituciones para resistir las presiones del poder. Y cuando esa barrera se debilita, la libertad de los ciudadanos también comienza a estar en juego.

Andrés Vallone es analista y consultor político