Cuatro proyectos que operan en San Juan objetaron en audiencia pública la asignación de capacidad en la línea de 500 kV a Josemaría. Denuncian falta de sustento técnico, riesgo al “acceso abierto” y privilegios sobre infraestructura financiada en parte con fondos públicos.
La decisión nacional de otorgar prioridad de uso de la línea de 500 kV al proyecto Vicuña —en su primera etapa de producción de cobre, Josemaría— abrió un frente de conflicto con otras mineras que operan en San Juan. En la audiencia pública convocada por el Ente Nacional Regulador de Electricidad (ENRE), cuatro compañías manifestaron objeciones de distinto tenor, que van desde cuestionamientos técnicos hasta posibles vulneraciones del régimen de acceso abierto a la red.
Las críticas provinieron del proyecto de cobre Los Azules y de las operaciones auríferas Hualilán, Gualcamayo y Veladero (Barrick). Aunque con matices, todas coincidieron en señalar debilidades en los cálculos oficiales sobre la capacidad disponible de la línea y en advertir que la asignación podría limitar el ingreso de otros emprendimientos sobre una infraestructura considerada estratégica.
Uno de los planteos más duros fue el de Miguel Gil, en representación de Los Azules. Calificó la resolución como carente de “sustento técnico verificable” y sostuvo que la asignación de una prioridad de 545,7 MW a favor de Vicuña se apoya en supuestos simplificados. También objetó que, aun después de que se aclarara que la demanda corresponde específicamente a Josemaría y no al conjunto del proyecto Vicuña, no se haya revisado la prioridad asignada. Según su postura, reservar capacidad por un plazo de 25 años en una línea ya construida configura una “barrera estructural” para otros desarrollos.
Desde Hualilán, su presidenta Sonia Delgado planteó que la decisión podría comprometer la viabilidad del proyecto. Detalló que la mina prevé requerimientos de 15 MVA para 2028 y de 40 MVA para 2030, con un cronograma de conexión más próximo que el de la firma beneficiada. En ese contexto, advirtió sobre el riesgo de otorgar exclusividad sobre una red financiada parcialmente con recursos públicos, apoyándose en modelos que —según indicó— no reflejan las condiciones reales del sistema eléctrico.
Barrick, operadora de Veladero, adoptó una posición intermedia. A través de Ariadna Rodríguez, acompañó en términos generales el pedido de Vicuña, pero condicionó ese respaldo al resguardo de su derecho a disponer de hasta 250 MW. La empresa fundamentó su reclamo en acuerdos firmados en 2006 y en la Ley provincial 1181-A, que reconoce prioridad de uso para quienes financiaron la infraestructura. En esa línea, recordó un aporte de 55 millones de dólares para la línea Nueva San Juan-Rodeo y propuso abrir un plazo de 30 días para buscar alternativas que eviten congestiones.
Un planteo similar expresó Gualcamayo. Su representante, Juan Pablo García, subordinó su apoyo a que se respete su reserva de 30 MW, también amparada en derechos adquiridos por inversiones previas. La empresa recordó, además, haber financiado obras clave como las líneas Jáchal-Huaco y la estación transformadora de Huaco.
Frente a este escenario, el representante de Vicuña, Adriel Rizzeto, cerró la audiencia con una defensa técnica del proyecto y solicitó tiempo adicional para responder los cuestionamientos. Afirmó que la prioridad requerida se aplica únicamente a la capacidad incremental que generará la energización en 500 kV y no a la capacidad existente. Según explicó, la iniciativa no implica costos para el Estado ni para otros usuarios, ya que será financiada íntegramente por la compañía.
Rizzeto subrayó que la infraestructura no quedará bajo control de Vicuña, sino que será incorporada al Sistema Argentino de Interconexión (SADI) y operada por Transener, lo que —sostuvo— garantiza el acceso de terceros. Añadió que los estudios técnicos fueron evaluados por Transener, Cammesa y el ENRE, y que el proyecto no afectará el suministro ni futuras interconexiones regionales. Finalmente, aseguró que la empresa está dispuesta a firmar acuerdos en el marco de la normativa provincial y que ya trabaja en ese sentido con el Gobierno de San Juan y el EPRE.
La discusión, en definitiva, dejó expuesta la tensión entre la necesidad de ampliar la infraestructura energética para habilitar nuevas inversiones mineras y la disputa por el acceso a una red limitada, donde confluyen derechos adquiridos, financiamiento público y expectativas de crecimiento del sector.