La diputada propone permitir que beneficiarios de pensiones no contributivas —incluidas madres de siete hijos, adultos mayores y personas con discapacidad o enfermedades crónicas— puedan trabajar sin perder el ingreso, en un intento por promover inclusión laboral y mejorar sus condiciones económicas.
Victoria Tolosa Paz presentó un proyecto de ley destinado a modificar distintos regímenes de pensiones no contributivas con un objetivo central: eliminar o flexibilizar las restricciones que hoy impiden a sus titulares acceder al empleo formal sin perder el beneficio. La iniciativa apunta a ampliar derechos y reducir las barreras que afectan a sectores vulnerables del mercado laboral.
Entre los cambios más relevantes, el proyecto modifica el régimen de pensiones para madres de siete hijos, elevando el umbral de ingresos permitido para mantener el beneficio hasta un equivalente de cuatro salarios mínimos. Actualmente, ese límite funciona en la práctica como un freno a la inserción laboral formal, ya que obliga a optar entre trabajar o conservar la pensión.
La propuesta también incorpora la compatibilidad plena entre la jubilación especial para personas con VIH, hepatitis B y C y el trabajo registrado, al tiempo que extiende ese criterio a la Prestación Universal del Adulto Mayor (PUAM), permitiendo ingresos laborales de hasta tres salarios mínimos sin perder el beneficio.
En el caso de las pensiones por discapacidad, el proyecto amplía el margen de ingresos permitido —también hasta tres salarios mínimos— antes de que se suspenda el cobro, con la posibilidad de reactivarlo de inmediato si la situación laboral cambia. La iniciativa busca así dar previsibilidad y evitar que el ingreso formal se convierta en un riesgo para quienes dependen de estas prestaciones.
En sus fundamentos, Tolosa Paz sostiene que la iniciativa se inscribe en una política de inclusión laboral que permita a los beneficiarios “participar plenamente en la economía sin temor a perder el apoyo estatal”. Este enfoque apunta especialmente a mujeres —que representan la enorme mayoría de las titulares de pensiones por siete hijos— y a otros grupos históricamente relegados del empleo registrado.
Según datos oficiales citados en el proyecto, solo en el universo de madres de siete hijos hay más de 240 mil beneficiarias, de las cuales una gran parte se encuentra en edad activa. A eso se suman más de 200 mil titulares de la PUAM y más de un millón de beneficiarios de pensiones por discapacidad, lo que dimensiona el alcance potencial de la reforma.
La iniciativa también introduce un argumento económico: en un contexto inflacionario y de ingresos deteriorados, abrir la posibilidad de complementar las pensiones con trabajo registrado permitiría mejorar el poder adquisitivo y reducir riesgos de pobreza, además de generar mayor integración social.
Con este proyecto, la diputada de UP busca reinstalar en la agenda el debate sobre la relación entre asistencia social y empleo, en un momento en el que el Gobierno ha endurecido criterios en varios programas. La discusión recién comienza en el Congreso, pero el planteo apunta a un punto sensible: cómo compatibilizar protección social con incentivos al trabajo sin generar exclusión.