Un informe institucional presentado en la Facultad de Derecho concluyó que la expresidenta cumple su detención bajo condiciones más severas que las aplicadas a condenados por delitos graves. Los expositores hablaron de arbitrariedad y acusaron una intencionalidad política.
Consejeros del Consejo de la Magistratura de la Nación vinculados al oficialismo presentaron un informe en el que sostienen que Cristina Fernández de Kirchner se encuentra detenida bajo condiciones “arbitrarias y discriminatorias”, más restrictivas que las impuestas a otros condenados por delitos federales, incluidos casos de lesa humanidad y narcotráfico.
La exposición se realizó en el Salón Azul de la Facultad de Derecho y estuvo a cargo de Rodolfo Tailhade, César Grau, Vanesa Siley, Mariano Recalde y Anabel Fernández Sagasti. El documento se elaboró a partir de pedidos de acceso a la información pública y analiza las condiciones de detención domiciliaria en distintos casos.
Según los datos relevados, más de la mitad de las personas condenadas por delitos de lesa humanidad cumplen prisión domiciliaria sin tobillera electrónica y con un esquema de visitas sin restricciones, una situación que, de acuerdo con el informe, contrasta con las condiciones impuestas a la expresidenta. “Cristina Fernández de Kirchner se encuentra sometida a condiciones más restrictivas que personas condenadas por delitos de extrema gravedad”, señalaron los consejeros.
En la misma línea, la diputada y consejera Vanesa Siley detalló que en la Ciudad de Buenos Aires existen detenidos por asociación ilícita que no tienen limitaciones en el régimen de visitas, mientras que la expresidenta sería la única persona privada de la libertad por delitos vinculados al ejercicio de la función pública que enfrenta ese tipo de restricciones. También mencionó controles sobre sus desplazamientos dentro del domicilio y el uso de tobillera electrónica como elementos distintivos de su situación.
El informe plantea que esas condiciones no responden a criterios jurídicos objetivos, sino a una decisión de carácter político. Los expositores coincidieron en que las medidas buscan limitar la actividad pública de la exmandataria e influir sobre el escenario político.
Durante la presentación, Rodolfo Tailhade sostuvo: “No alcanza con una condena, con la cárcel, la proscripción o la tobillera. Cristina sigue siendo la dirigente más importante del país”, y sugirió que existe una intención de restringir su protagonismo.
Por su parte, el senador Mariano Recalde afirmó que la expresidenta es una “presa política” y que su situación responde a un intento de “disciplinar a la dirigencia política e impedir la reorganización del peronismo”. En el mismo sentido, César Grau trazó paralelismos con antecedentes históricos de persecución a líderes populares.
A su turno, la senadora Anabel Fernández Sagasti cuestionó el funcionamiento del Poder Judicial y advirtió sobre un deterioro institucional. “La administración de justicia en la Argentina no existe más”, sostuvo, y planteó la necesidad de debatir el rol del derecho en el país.
El informe será incorporado como insumo dentro del ámbito del Consejo de la Magistratura y se suma al debate político y judicial en torno a las condiciones de detención de la expresidenta.