El nuevo proyecto elimina topes para ingresar al régimen, flexibiliza controles y redefine las condiciones para evitar sanciones. Según trascendió, la iniciativa busca ampliar la adhesión y dar mayor seguridad jurídica a los contribuyentes.
El Gobierno nacional avanza con un nuevo proyecto de ley de Inocencia Fiscal que apunta a incentivar la exteriorización de dólares no declarados, ampliando el universo de contribuyentes y limitando los riesgos de controles posteriores. El texto, que será enviado al Congreso en los próximos días, presenta modificaciones relevantes respecto del esquema vigente, según surge de la información publicada por Clarín y el borrador analizado por Infobae.
Uno de los cambios centrales es la eliminación de los topes de ingresos y patrimonio que regían para acceder al régimen simplificado. Hasta ahora, quienes superaban los $1.000 millones de ingresos anuales o los $10.000 millones de patrimonio quedaban excluidos. Con el nuevo diseño, esas restricciones desaparecen y el criterio principal pasa a ser la residencia fiscal, que deberá mantenerse durante todo el período declarado. De acuerdo con especialistas citados por ambos medios, esto permitirá que más contribuyentes —incluidos los de mayor capacidad económica— ingresen al esquema, aunque con beneficios acotados en algunos casos.
Otra modificación clave es la fijación de un plazo para adherir. El borrador establece que habrá tiempo hasta el 31 de diciembre de 2027 para exteriorizar fondos sin consecuencias retroactivas. De este modo, el régimen deja de ser permanente y pasa a tener una ventana definida, lo que, según analistas, busca hacerlo compatible con estándares internacionales en materia de control de lavado de dinero y, al mismo tiempo, presionar para una mayor adhesión en el corto plazo.
En materia impositiva, el proyecto introduce precisiones sobre el momento en que los fondos se consideran incorporados al patrimonio. La regla establece que “nacen” a efectos fiscales cuando son utilizados, lo que evita la aplicación retroactiva del impuesto sobre los Bienes Personales y reduce el riesgo de que la exteriorización sea interpretada como confesión de irregularidades pasadas.
El texto también refuerza la obligatoriedad de canalizar las operaciones a través del sistema financiero formal. Si bien este requisito ya regía por decreto, ahora quedará incorporado en la ley. Según detalló Clarín, bastará con que el dinero pase por el sistema en el origen o en el destino para cumplir con la exigencia.
En paralelo, se introducen cambios que reducen la presión fiscal sobre quienes decidan ingresar al régimen. Por un lado, se eliminan presunciones que hasta ahora podían generar cuestionamientos, como el incremento patrimonial no justificado o los depósitos bancarios superiores a lo declarado. Por otro, se establece que la carga de la prueba recaerá en la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), que deberá demostrar con información objetiva cualquier diferencia significativa.
Sobre este punto, el borrador redefine el concepto de “discrepancia significativa”. Según consignó Infobae, solo se considerarán relevantes aquellas diferencias que superen simultáneamente ciertos umbrales —como el 15% del impuesto y un porcentaje del límite penal tributario—, lo que reduce el riesgo de perder beneficios por desvíos menores. Además, se habilita a los contribuyentes a corregir declaraciones y regularizar su situación dentro de determinados plazos sin quedar excluidos del régimen.
No obstante, el esquema mantiene algunas zonas de riesgo. De acuerdo con lo publicado por Clarín, errores en la imputación de retenciones, percepciones o anticipos podrían hacer caer los beneficios, incluso por montos mínimos, lo que genera reparos entre tributaristas.
El proyecto también contempla incentivos adicionales. Entre ellos, la eximición de multas para quienes hayan cancelado deudas antes de adherir y la posibilidad de recuperar sumas pagadas con intereses si el contribuyente gana un litigio contra el fisco, aunque con tasas que especialistas consideran bajas.
El nuevo enfoque surge tras reuniones del ministro de Economía, Luis Caputo, con contadores y expertos del sector, en respuesta a las dificultades que tuvo el régimen vigente para captar adhesiones. El objetivo oficial es movilizar parte de los dólares no declarados —que estimaciones internacionales ubican en torno a los USD 170.000 millones— hacia el circuito formal.
Con estos cambios, el Gobierno apuesta a combinar mayor flexibilidad con reglas más claras, en un intento por generar confianza y ampliar la base de contribuyentes dispuestos a regularizar su situación fiscal.