Era obvio que el bloque conducido por José Mayans apuntaría sus cañones hacia el juez Víctor Arturo Pesino, quien fue uno de los magistrados que se manifestó a favor de reponer la Ley de Modernización Laboral. Pero no solo por eso, ya que es miembro de la Sala VIII de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo que dispuso la intervención judicial de la UOM, a través de un fallo firmado por este juez y su colega María Dora González.

El senador Mariano Recalde encabezó la embestida. A la hora de las preguntas, arrancó interrogando a Pesino sobre el promedio de atrasos con las causas en su juzgado. El juez aclaró que tenía expedientes del año 2024, y dijo ser consciente de la aprobación de la ley convenio con la Ciudad que establece un plazo máximo de 60 días para el dictado de sentencias.

“Creo que ni yo, ni mis colegas, podemos estar en condiciones de resolver el tema si no se completan todas las vacantes que hay en la Cámara -aclaró-. Recibimos 600 expedientes y resolvemos todos los meses entre 500 y 600; diferente sería el caso si estuvieran cubiertas las 30 vacantes que hay”.

Luego consideró “materialmente imposible” cumplir con lo que establece la ley y dijo que no lo atemoriza ser denunciado en ese sentido, porque en ese caso el tribunal se quedaría sin jueces, “porque el volumen de trabajo es tan grande que no se puede asumir. Uno se puede comprometer a sacar la mayor cantidad de sentencias posibles, y aun así no se puede respetar el plazo de 60 días. Se hace lo que humanamente se puede”.

A continuación, Recalde avanzó con el tema del decisión sobre la reforma laboral. Se refería al fallo que tuvo su Cámara respecto de la CGT contra el Estado nacional, donde se solicitó por la vía cautelar suspender buena parte de los artículos de la reforma laboral. ¿Es común resolver solo sobre los efectos?, le preguntó. “Nos referimos a los efectos suspendidos en un recurso de queja. Nos pareció procedente”, respondió Pesino, precisando que “tuvimos en cuenta varias situaciones especialmente que la ley no había sido declarada inconstitucional por el juez de primera instancia, y que ninguna norma legal puede ser suspendida por los jueces en su vigencia”.

“Se nos acusó de sostener que los trabajadores no eran personas vulnerables; el artículo 3 de las 100 Reglas de Brasilia (sobre el acceso a la justicia de las personas en condición de vulnerabilidad) hace una alusión a quiénes son los personas vulnerables: discapacitados, mayores de edad, personas sin ingresos, niños, embarazadas… y no menciona a los trabajadores. No son personas vulnerables”, expresó el magistrado.

En cuanto a que se encuentren afectadas las condiciones de vida digna que establece la CIDH, señaló que “en cuanto a ese tema, esta convención tampoco se refiere a los trabajadores”. Agregó que se les criticó que no hubieran considerado los derechos alimentarios de los trabajadores, pero dijo que “en esa causa no estaba mencionado ningún crédito alimentario”.

“Ante esas circunstancias y teniendo en consideración que la Corte Suprema dispuso en 2015 con el fallo Thomas sobre la suspensión de la Ley de Medios, que ningún juez de la Nación podía impedir la entrada en vigencia de una ley y tampoco puede dictar una ley suspendiendo sus efectos”, indicó.

Además, continuó, “no había un caso, sino un planteo genérico contra el Estado nacional”. Y concluyó aclarando que “de todos modos creo que esta discusión ya está zanjada, porque la Justicia Contencioso Administrativa Federal revocó esa cautelar y la CGT ha apelado, y tengo entendido que no llegó siquiera a la Cámara Federal”.

El senador Recalde apuntó que al día siguiente de su fallo, el Poder Ejecutivo había mandado al Senado su pliego. “¿A qué atribuye que haya elegido esa oportunidad”, preguntó el legislador, a lo que el magistrado aclaró que había solicitado la prórroga en agosto de 2025; en noviembre lo citó el entonces viceministro de Justicia, Sebastián Amerio, para hacer una primera entrevista. Lo volvió a citar el 3 de marzo, y en esa oportunidad, como había tenido que ir de urgencia a la Casa de Gobierno, lo atendió su asesor. “Me dijo que estaban conformes de pedir mi nuevo nombramiento –señaló-. El nuevo ministro me informó el 7 de abril que iba a dar comienzo al trámite de mi nuevo nombramiento. El 13 recibí un correo electrónico en el que me informan del ministerio que el 24 se iba a publicar el nuevo edicto. Fue simplemente coincidencia de fechas”.

Luego aclaró que su sala no había sido sorteada originalmente para tratar el caso, y remarcó que “no han ingún negociado ni cosa rara en el medio”, y que el decreto por el que se mandaba su pliego incluía el del juez sanjuanino Leopoldo Rago Gallo.

Ante la pregunta de si se había reunido con el ministro Juan Bautista Mahiques, contestó de manera afirmativa: “Quiso conocerme, quiso saber qué opinaba del traspaso de la justicia nacional a la Ciudad.

La intervención en la UOM

La intervención judicial de la UOM fue dispuesta por la Sala VIII de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, mediante un fallo firmado por los jueces Víctor Arturo Pesino y María Dora González, por lo que previsiblemente desde el peronismo le facturaron esa decisión al magistrado. En esa resolución, dictada el 22 de mayo de 2026, el tribunal declaró nulas las elecciones internas del gremio, desplazó a la conducción encabezada por Abel Furlán y ordenó la intervención por 180 días, con designación de un interventor judicial.

Sobre el tema lo interrogó el senador Recalde, y su par Eduardo Wado de Pedro insistió más tarde, enrostrándole a Pesino lo que representa un gremio como la UOM en la Argentina, que “discute y participa sobre un modelo de país. Siempre participa de los diálogos y consensos para el desarrollo de una Argentina industrial”.

Le recordó además que la primera intervención a la UOM fue dispuesta luego del golpe del 55; la segunda fue “luego del nefasto golpe del 76, y la tercera en el nefasto gobierno de Javier Milei por un juez que se atribuye competencias políticas”.

Precisamente Pesino había aclarado que no tenía ninguna vinculación con la política, y De Pedro le adjudicó haber designado en la UOM a “un interventor político, un miembro de Cambiemos, la UCR, el Pro, no sé… Pero fue candidato a intendente de Lanús por la UCR; fue consejero de la Magistratura en Buenos Aires”.

“¿Cómo es que por una discusión en una delegación de la UOM, usted interviene y deja en su currículum un hecho que solamente se ha repetido en la historia argentina dos veces, y fue con dos dictaduras?”, le reprochó, para señalar luego, en línea con Mayans, que “en sectores del Poder Judicial hay olor a podrido”.

Patricia Bullrich le recordó a Wado de Pedro que siendo ella ministra había trabajado y salvado de la quiebra a la obra social de la UOM, “así que más vale estudiar un poquito más antes de opinar”, le advirtió, aclarando que “acá no hay una intervención de la UOM, sino de la seccional Campana-Zárate y tiene que ver con un proceso electoral absolutamente viciado”, que adjudicó a “una situación fraudulenta probada y está en el expediente de esta comisión”.

Y cerró: “Comparar la intervención de la UOM en dos momentos críticos y nefastos, a una intervención por un proceso fraudulento de una elección de seccional, evidentemente mostró que los trabajadores estaban buscando un horizonte distinto. Creo que acá se ha discutido bastante; lo que no se le perdona a los jueces es intervenir a favor de una lista que demostró el fraude”.

Nada convencido, Mariano Recalde insistió en que “está intervenido todo el sindicato. Una lista impugnó la elección de una seccional y a partir de la declaración de nulidad del proceso eleccionario de esa seccional, se intervino todo el gremio, que tiene más de 50 seccionales”.