La iniciativa legislativa, que suscitó comentarios en la Cámara baja, propone habilitar la intermediación a personas no matriculadas, eliminando así “el monopolio” de la intermediación "obligatoria" de martilleros y corredores.
En línea con la iniciativa que ultima el Gobierno nacional, el proyecto de ley en la provincia de Buenos Aires pretende modificar la Ley 10.973 y busca instaurar el principio de “autonomía de la voluntad” en la fijación de honorarios y comisiones.
La Cámara de Diputados de la provincia de Buenos Aires evalúa un proyecto de ley que busca desregular de forma integral el mercado inmobiliario bonaerense mediante la eliminación de las restricciones vigentes al ejercicio de la intermediación en la compraventa de inmuebles.
La iniciativa, ingresada por el bloque de La Libertad Avanza (LLA), propone suprimir la exclusividad del trámite que ostentan actualmente los martilleros y corredores públicos matriculados, permitiendo que “personas humanas o jurídicas no matriculadas” actúen en el sector.
El texto normativo es impulsado por el diputado provincial Juan Osaba y lleva el acompañamiento de otros ocho legisladores de su bancada, alineándose con las políticas de desregulación económica promovidas a nivel federal por el Poder Ejecutivo Nacional.
El núcleo técnico de la propuesta radica en la reforma de los artículos de la Ley Provincial N° 10.973, el marco normativo que regula la profesión de martilleros y corredores públicos en territorio bonaerense.
La reforma plantea habilitar de manera explícita “la intermediación, el corretaje y la conclusión de contratos de compraventa de inmuebles a terceros no colegiados”, introduciendo además “el principio de autonomía de la voluntad” para la libre fijación de honorarios y comisiones entre las partes intervinientes.
A su vez, el articulado propone derogar las penalidades vigentes, excluyendo del régimen de infracciones a toda persona que opere sin título habilitante, lo que dejaría sin efecto las multas actuales que alcanzan hasta “el duplo de los honorarios percibidos” por actividad ilegal.
En los fundamentos de la iniciativa, el diputado Juan Osaba sostiene que al imponer un monopolio de intermediación basado en una matrícula para tareas que califica como esencialmente comerciales, el Estado provincial excede su poder de policía.
El autor del proyecto argumenta que la regulación actual se transforma en una barrera que impide a los ciudadanos elegir libremente quién los asiste en la disposición de sus bienes.
Asimismo, los considerandos técnicos del texto legislativo señalan que “las funciones de control legal y técnico tradicionalmente asignadas a la figura del martillero se encuentran plenamente garantizadas y suplidas por la intervención de abogados y escribanos públicos” en las transacciones.