En medio de la conmoción por el femicidio de Agostina en Córdoba, diputadas de la oposición emitieron un dictamen de mayoría para la declaración de emergencia pública nacional de violencia de género contra las mujeres y diversidad, que no contó con el acompañamiento en la firma de las representantes de La Libertad Avanza.

El proyecto de ley fue puesto a consideración en una reunión de la Comisión de Mujeres y Diversidad, presidia por Gabriela Estévez (UP), que se llevó a cabo este miércoles. La iniciativa apunta a declarar la emergencia pública nacional en materia social por violencia de género contra las mujeres y diversidades por el término de dos años, prorrogables, con el objetivo primordial de prevenir y disminuir el número de personas en situación de violencia por razones de género.

La diputada correntina Nancy Sand (UP) expresó su dolor por tener que volver debatir el tema en una reunión de comisión con la necesidad “urgente y triste de pedir que nos dejen de matar” porque “sigue siendo una problemática y una emergencia real en el país”.

Sand remarcó que la violencia de género es “una emergencia nacional porque así lo dicen las estadísticas”, y resaltó que el Estado debe actuar con decisión política, sensibilidad social y recursos reales y efectivos. De lo contrario no sirve tener una ley”.

La diputada comentó que en su proyecto propone dotar al Estado de herramientas necesarias y presupuesto específico para enfrentar esa crisis estructural. “En el 2026 se profundizaron los casos de violencia de género y seguimos luchando y denunciando el aumento de las estadísticas”, lamentó.

“No estamos acá para pedir castigo por castigo, sino para exigir una respuesta del Estado que salve vidas”, reclamó y precisó que en 2024 fueron asesinadas 147 mujeres por razones de género, 1 cada 39 horas en su mayoría en sus hogares. En el 2025 se registraron entre 200 y 271 víctimas fatales hubo 1 femicidio cada 44 horas donde en más del 80% de los casos el agresor es del vínculo cercano.

Sand informó que la provincia de Buenos Aires registra el mayor número de casos, mientras que las tasas altas en proporción a la población femenina en 2025 se registraron en Misiones, Neuquén, Santa Cruz, Chaco y Jujuy. Respecto del 2026, comentó que se registraron entre 95 y 105 víctimas fatales en el país, con 1 femicidio cada 35 horas.

Por último, señaló que la violencia es estructural que “requiere una respuesta integral e inmediata” como la prevención, asistencia, protección y justicia. “Necesitamos recursos y políticas públicas con alcance federal y capacitación obligatoria”.

Como autor de la iniciativa, el diputado Esteban Paulón (Provincias Unidas) planteó que el Gobierno “ablandó completamente la protección de mujeres y diversidades en relación a la violencia de género”, y criticó: “En las instituciones está arraigada la violencia y la justicia es una de ellas. Hay un incumplimiento total de la Ley Micaela. Nos encontramos ante un sistema que sigue brindando impunidad y las condiciones para que esto suceda”.

Paulón detalló: “Tenemos 125 intentos de femicidios en lo que va del año, uno cada 26 horas. El 46% de los femicidios ocurrió en la vivienda”, y resaltó que “se da en un contexto de desmantelamiento total de las políticas, desfinanciamiento y negacionismo”. Al respecto, mencionó que el proyecto propone la implementación de varios programas que el Gobierno “desmanteló”, la incorporación y dotación de recursos necesarios.

“Creemos que el Estado tiene que volver a garantizar herramientas concretas para prevenir y erradicar la violencia de género y los femicidios, por supuesto en concurso con las provincias. En tiempos en que todo cae en la polarización y la grieta, respiremos hondo, pensemos en esas que ya no están y tratemos de entender que, si no asumimos un compromiso conjunto, pleno y amplio, para combatir la violencia de género, la sociedad por sí sola no cambia”, señaló Paulón.

Tras ser designada para la secretaría tercera de la comisión, Myriam Bregman (Frente de Izquierda y Trabajadores Unidad) informó que acompañarán el dictamen de mayoría con disidencia parcial porque “creemos que la pelea es mucho más grande, ya que se necesita financiamiento concreto”. “No estamos discutiendo nombres, estamos discutiendo la denominación que se le da a un caso para ver cómo se caratula, cómo se investiga y cómo se ponen los recursos del estado”, manifestó.

Desde La Libertad Avanza, María Gabriela Flores, adelantó que no acompañarían el dictamen y cuestionó que no los hayan convocado para debatir previo a firmarlo. “Nos convocaron con dos proyectos de ley que tienen algunos problemas en su redacción”, sostuvo al tiempo que consideró que “tienen un objetivo efectista y oportunista de lo que está pasando en este momento con una sociedad alterada. Y de generar esta imagen de un liberalismo insensible, que no le importan las personas, que no es real”.

“Nosotros no negamos la violencia contra las mujeres, al contrario. Nosotros negamos que las políticas públicas que se estuvieron haciendo hasta 2023 hayan tenido un resultado efectivo en la baja de femicidios”, subrayó Flores y enfatizó que “el feminismo no es de nadie”.