Aquí se plantea la necesidad de abandonar los personalismos y encarar una reforma institucional profunda que garantice previsibilidad, seguridad jurídica y estabilidad, como condición indispensable para el desarrollo estratégico de una “Argentina Azul” orientada al crecimiento productivo y la inserción global.
Solemos consumir nuestros debates públicos atrapados en la coyuntura inmediata. Discutimos nombres propios, alianzas electorales de ocasión o el conflicto de la semana, perdiendo de vista lo estructural. Los verdaderos cambios no pasan por las personas que ocupan circunstancialmente el poder, sino por las reglas de juego que organizan la vida democrática de una nación. Si aspiramos a construir una Argentina previsible, estable y justa, el debate debe elevarse hacia una reforma institucional profunda. Es hora de pensar en una actualización constitucional que adapte nuestra República a los desafíos del siglo XXI y la sintonice con un proyecto de desarrollo estratégico nacional.
Para que una nación despliegue su verdadero potencial, necesita previsibilidad. En el marco de la visión de la Fundación Argentina Azul, que concibe al país desde su inmensa proyección marítima, su desarrollo industrial, logístico y tecnológico, una Argentina de más de 11 millones de kilómetros cuadrados, la seguridad jurídica no es un concepto abstracto; es el cimiento indispensable para la inversión. Las grandes inversiones de capital, locales y extranjeras, aquellas que se afincan para transformar la infraestructura portuaria, naval y energética, no buscan ventajas espurias de corto plazo. Buscan un ecosistema institucional que les garantice que las reglas no cambiarán con el próximo turno gubernamental.
Un pilar central de esta reforma debe ser la revisión de la dinámica del Poder Ejecutivo. La lógica de la campaña y negociación política permanente y la reelección inmediata (introducida en la reforma de 1994 al modificar el histórico Artículo 90 de nuestra Carta Magna), suele condicionar las decisiones de Estado, subordinando la planificación estratégica a la urgencia electoral. Retornar a la tradición alberdiana de un mandato único de seis años sin reelección inmediata dotaría al gobierno de una mayor estabilidad y un horizonte temporal adecuado para ejecutar políticas de largo plazo, desarticulando la improvisación constante y permitiendo que el Presidente gobierne para la posteridad y no para la próxima encuesta.
Asimismo, el fortalecimiento de la República exige una transformación radical en el Poder Judicial, garantizando su absoluta independencia. La Constitución Nacional, en su Artículo 114, encomienda al Consejo de la Magistratura la selección de los magistrados mediante concursos públicos. Si bien contamos con herramientas valiosas de evaluación de antecedentes y exámenes, el diseño actual deja un margen excesivo a la discrecionalidad y a la negociación política en la etapa final de las ternas y el acuerdo senatorial (Art. 99, inc. 4). Cabe hacernos una pregunta legítima: ¿estamos eligiendo a los más capaces o a los más convenientes?
Debemos avanzar hacia un sistema donde el orden de mérito vinculante sea el criterio rector absoluto dejando de lado posibles caprichos o negocios de la política. La idoneidad, la trayectoria y la solvencia moral deben primar sobre la sintonía partidaria. Un juez que accede a su cargo estrictamente por su excelencia académica, profesional y moral no le debe su sillón a ningún favor político. Esa independencia es la que genera la confianza pública y fortalecimiento institucional republicano que los ciudadanos reclaman, y la seguridad jurídica que los inversores nacionales e internacionales exigen antes de comprometerse como coprotagonistas del crecimiento nacional.
No se trata de favorecer o cuestionar a gestiones o personas determinadas. Se trata de diseñar instituciones sólidas que funcionen correctamente más allá de los hombres y mujeres que las habiten. Menos discrecionalidad y más mérito; menos personalismos y más instituciones; menos improvisación y más reglas claras.
Una Argentina que abra las puertas al mundo, que capitalice sus recursos estratégicos y que ofrezca prosperidad económica a sus habitantes, debe ser, ante todo, una Argentina republicana y previsible. El proyecto de la Fundación Argentina Azul es una invitación a recuperar el orgullo nacional a través de la producción, el mar, el campo, la industria, el trabajo y la ciencia; pero ese motor económico solo encenderá si el chasis institucional es robusto. Animémosnos a dar este debate con seriedad, generosidad y visión de futuro. Ese es el camino para enamorar a los argentinos con un destino común y fundar un nuevo ciclo de desarrollo y grandeza que nos beneficie a nosotros a las generaciones venideras.
Naveguemos Juntos las aguas de la esperanza.
*abogado, diplomado en relaciones internacionales, miembro del Instituto de Estudios Estratégicos para la Defensa Nacional, Fundador y presidente de la Fundación Argentina Azul.