El proyecto de ley fue impulsado por la diputada massista Jimena López. Según un informe citado en los fundamentos, En X se han generado imágenes sexualizadas cada 41 segundos. También invocan el fallo la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal del Departamento Judicial Zárate-Campana.
La diputada nacional Jimena López presentó un proyecto de ley para modificar el Código Penal de la Nación, puntualmente el Título de Delitos contra la Integridad Sexual, para elevar las penas a quienes distribuyan o financien representaciones audiovisuales manipuladas con Inteligencia Artificial que involucren a menores de 18 años dedicado a actividades sexuales o representación de zonas genitales.
En los fundamentos, la massista citó al Center for Countering Digital Hate (CCDH) en rigor de un estudio sobre el uso de Grok -la IA de X, el cual alertó sobre “la generación de imágenes sexualizadas cada 41 segundos durante once días”. La muestra fue tomada desde el 29 de diciembre del 2025 y el 8 de enero del 2026.
También mencionó al fallo de la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal del Departamento Judicial Zárate-Campana que dictó la responsabilidad penal de un ciudadano acusado de publicación y distribución de representaciones de menores de 18 años en actividades sexuales manipuladas por Inteligencia Artificial, aun cuando la defensa argumentaba que no se encontraba tipificado.
Además de Jimena López, firmaron el proyecto de ley los diputados nacionales Jorge Araujo Hernández, Cristian Andino, Carlos Castagneto, Andrea Freites, Sebastián Galmarini, Moira Lanesan Sancho, Héctor Mango, Marianela Marclay, Sergio Palazzo, Nicolás Trotta y Hugo Yasky, todos de Unión por la Patria.
El texto establece distintas penas de prisión para quienes posean, distribuyan o comercialicen representaciones de contenido prohibido, así como para quienes faciliten el acceso de menores a material pornográfico. Según la normativa, tener en su poder este tipo de representaciones con pleno conocimiento puede implicar una pena de cuatro meses a un año de prisión, mientras que su tenencia con fines de distribución o comercialización eleva la sanción a un rango de seis meses a dos años.
Asimismo, se prevé una pena de uno a tres años de prisión para quienes permitan el acceso de menores de catorce años a espectáculos pornográficos o les suministren dicho material. El artículo también dispone un agravante: todas las escalas penales aumentarán en un tercio, tanto en su mínimo como en su máximo, cuando la víctima sea menor de trece años.