El bloque de diputados Provincias Unidas presentaron un proyecto de ley que propone la modificación de la Ley 24.018 a fin de establecer un régimen de ordenamiento, tope y transparencia de las asignaciones mensuales vitalicias correspondientes a las máximas autoridades del Poder Ejecutivo y Judicial.

La diputada cordobesa Alejandra Torres explicó: “Menos lamentos por los privilegios y más acciones para eliminarlos. Lejos de cualquier postura demagógica, no proponemos la eliminación de estos retiros, sino introducir verdaderos criterios de justicia distributiva, topes reales y transparencia fiscal”.

Según informó, la iniciativa apunta a una reducción del haber al 70% de la remuneración neta, el fin del privilegio impositivo porque pagarán Ganancias y aportes de salud; tendrán un tope máximo de 10 haberes mínimos del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA).

Además, establece un aporte Solidario del 30% sobre el excedente para quienes superen el haber máximo previsional, incompatibilidad absoluta con el ejercicio de cualquier otro cargo público y una cláusula de ética -caducidad automática del beneficio ante condenas firmes por corrupción o delitos contra la administración-.

“Hoy más que nunca, el esfuerzo fiscal lo debemos hacer todos. Las máximas responsabilidades del Estado deben ser el principal ejemplo de orden, transparencia e integridad institucional”, precisó Torres.

El texto argumenta que el régimen general de reparto (Ley N° 24.241) presenta serias falencias conceptuales y prácticas que deben ser corregidas bajo una mirada de responsabilidad institucional. “La asignación vitalicia no debe entenderse como un ‘privilegio’, sino como una garantía de independencia y dignidad del cargo. Por ello, en lugar de la eliminación, esta propuesta introduce criterios de justicia distributiva, topes reales y transparencia fiscal”, aclara.