El sindicato advirtió que la medida impacta en el empleo local y la cadena de proveedores, y reclamó priorizar la participación de PyMEs y trabajadores argentinos.
La Asociación de Supervisores de la Industria Metalúrgica de la República Argentina (ASIMRA) manifestó su rechazo a la decisión de importar desde China una ciudad modular destinada a albergar a miles de trabajadores en un proyecto minero en la provincia de San Juan, al considerar que la medida perjudica al empleo local y al entramado productivo nacional.
El cuestionamiento apunta al consorcio integrado por PowerChina, Beijing Chengdong y la empresa santafesina RAFA S.A., que prevé montar el campamento Batidero en el marco de un megaproyecto de cobre. Desde el gremio, liderado por Javier Escobar —referente de trabajadores mineros de Salta, San Juan, Catamarca, Jujuy y Santa Cruz—, calificaron la decisión en duros términos y alertaron sobre sus consecuencias económicas.
Según advirtió ASIMRA, la importación de esta “ciudad modular” —compuesta por estructuras prefabricadas de acero, listas para su ensamblaje en la cordillera— implica que gran parte del valor agregado y la generación de empleo queden fuera del país. “Destruye a los proveedores nacionales, impacta en la cadena de valor regional y reduce la posibilidad de generar empleo genuino para la población local”, señalaron.
A la crítica sindical se sumaron distintos sectores industriales y empresariales de las provincias involucradas, que coincidieron en advertir sobre la pérdida de oportunidades para la industria local en uno de los proyectos de inversión más relevantes de la Argentina.
El complejo habitacional proyectado prevé inicialmente 2.500 plazas, aunque por la dinámica de trabajo rotativo en la actividad minera podría albergar entre 3.500 y 5.000 personas. A medida que avance el emprendimiento, la demanda podría escalar hasta 12.000 trabajadores, lo que implicaría ampliar la capacidad a unas 6.000 camas.
Si bien desde ASIMRA destacaron la importancia de las inversiones en el sector, remarcaron la necesidad de “buscar y facilitar soluciones integrales para las PyMEs locales y para todos los trabajadores”. En ese sentido, consideraron “inadmisible” la incorporación de infraestructura y mano de obra extranjera sin priorizar la capacidad productiva nacional.
Finalmente, el sindicato reclamó revisar la decisión y advirtió sobre la desigualdad en las condiciones de competencia que enfrentan los proveedores argentinos frente a los extranjeros. Además, reivindicaron que “centenares de PyMEs locales están en condiciones de realizar las tareas”, en defensa de una mayor integración de la industria nacional en el desarrollo de proyectos estratégicos.