Carlos Arce y Sonia Rojas Decut presentaron un proyecto para establecer un marco regulatorio por 20 años que promueve la libre competencia, incrementa los cortes obligatorios y apuesta al desarrollo de biocombustibles avanzados a partir de residuos forestales.
Los senadores misioneros Carlos Arce y Sonia Rojas Decut ingresaron un proyecto de ley para crear un nuevo régimen integral de biocombustibles que reemplace la normativa vigente y apunte a modernizar el sector con reglas de mercado más abiertas, incentivos a la inversión y un fuerte impulso a las economías regionales.
La iniciativa declara de interés público la actividad y establece un marco regulatorio con vigencia de 20 años para la elaboración, almacenamiento, comercialización, mezcla y autoconsumo de biocombustibles en todo el país, en línea con los objetivos de seguridad energética y transición hacia fuentes más limpias.
Entre sus ejes centrales, el proyecto propone avanzar hacia un mercado “dinámico, eficiente, desregulado y libre”, promoviendo la competencia, la inversión privada y la incorporación de nuevas tecnologías, al tiempo que busca diversificar la matriz energética y reducir la dependencia de combustibles fósiles.
Uno de los puntos más relevantes es la actualización de los cortes obligatorios de mezcla. En el caso del gasoil, se fija un mínimo inicial del 7,5% de biodiesel que se elevará al 10% al año de sancionada la ley. Para las naftas, el bioetanol partirá de un 12% y escalará progresivamente hasta el 18% en un plazo de cuatro años.
Además, el esquema incorpora un componente novedoso: la introducción gradual del bioetanol de segunda generación producido a partir de biomasa forestal y residuos agrícolas lignocelulósicos. Este tipo de combustible, considerado más avanzado, tendrá una participación creciente dentro del corte obligatorio, alcanzando hasta el 3% del total en el mediano plazo.
La iniciativa pone especial énfasis en la sustentabilidad ambiental, al excluir del régimen cualquier producción que provenga de bosques nativos o áreas protegidas, y establece criterios de trazabilidad y certificación para asegurar la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero.
En términos de comercialización, el proyecto plantea la creación de un mercado electrónico único, transparente y de acceso público para la negociación de biocombustibles, donde productores y mezcladores puedan acordar precios y volúmenes bajo parámetros competitivos. También se habilita la libre importación en casos de faltante y se promueve la exportación como herramienta para mejorar la balanza comercial.
Otro aspecto destacado es la inclusión de incentivos para grandes inversiones, especialmente orientadas al desarrollo del bioetanol de segunda generación, que podrá acceder a beneficios del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) con plazos extendidos para su implementación.
En los fundamentos, Arce y Rojas Decut subrayan que la propuesta busca aprovechar el potencial de regiones como el Nordeste argentino, donde la disponibilidad de biomasa forestal abre nuevas oportunidades productivas. En particular, remarcan que millones de toneladas de residuos actualmente subutilizados podrían transformarse en energía, generando empleo, valor agregado e innovación tecnológica.