Un plenario de comisiones retomó el debate en el Senado con la participación de referentes del sector. La idea del oficialismo es continuar con las reuniones para reunir los acuerdos necesarios a fin de lograr un dictamen.
Las comisiones de Minería, Energía y Combustibles, presidida por Flavio Fama (UCR), y de Presupuesto y Hacienda, presidida por Agustín Monteverde (LLA), reanudaron este miércoles el plenario para continuar con el debate de la modificación a la actual Ley 27.640 de biocombustibles, sobre lo cual hay un total de seis proyectos presentados para establecer cambios en el marco regulatorio vigente.
Tras la exposición de representantes del sector energético cuyas opiniones se dividieron a favor y en contra, el senador Fama aseguró que seguirán con las reuniones buscando un acuerdo entre todos los proyectos para obtener un dictamen.
El plenario se inició con la disertación de Mauricio Alejandro Martín, director suplente de YPF S.A. y vicepresidente ejecutivo de Midstream y Downstream, quien sostuvo que “una nueva ley de biocombustibles será clave para definir el rumbo energético del país en los próximos años”.
Respecto del marco regulatorio de biocombustibles vigente “ha generado un funcionamiento ineficiente del mercado”, por lo que remarcó la necesidad de “evolucionar hacia un nuevo marco regulatorio que sea amplio, promotor en la eficiencia y la competitividad en la producción, en la mezcla y comercialización de biocombustibles”.
En ese sentido, señaló que esa evolución “debe incluir a los refinadores como actores clave en la capacidad y escala para potenciar los biocombustibles avanzados y contribuir con tecnología y eficiencia mediante el co-procesamiento en refinería”. También, indicó que es importante una nueva ley de biocombustibles donde los cortes obligatorios “respondan a una estrategia económicamente sostenible basada en criterios técnicos alineada en la calidad y seguridad en el abastecimiento del combustible poniendo foco en el beneficio integral para el consumidor”.
“Ir por encima del corte del 10% del biodiesel no es técnicamente viable según las automotrices. Su impacto en el precio final sería significativo para los clientes”, indicó y sumó: “La implementación de una nueva ley de biocombustibles, que modifique el mandato actual, representará importantes desafíos para el sector de la refinación y comercialización”.
Sin embargo, planteó que la implementación de surtidores con cortes diferenciados en un mismo punto de venta “implica inversiones adicionales en infraestructura y equipamiento de despacho, además de una complejidad operativa que impactará en la calidad del servicio. Es una restricción real que debe contemplarse en el diseño de la ley”.
“Este tipo de desarrollo debe ser incorporado dentro del marco regulatorio en condiciones de igualdad con los biocombustibles tradicionales”, manifestó y cerró con el apoyo al proyecto presentado por la senadora Patricia Bullrich que “representa de forma agregada el mayor equilibrio entre la demanda de biocombustibles y demás actores de valor. Tenemos la oportunidad de diseñar una ley que impulse una transición ordenada, suficiente y sostenible en un modelo basado en la competencia, racionalidad económica abierto a la innovación tecnológica enfocado en el beneficio del consumidor”.
Claudio Alejandro Molina, contador público, analista de energías renovables y ferrocarriles, abogó por "tratar de terminar con las grietas entre regiones, porque acá se plantea que el de los biocombustibles es un negocio de las provincias cerealeras".
“Hay un alto consenso para modificar la ley que lamentablemente fue mal concebida porque lejos estuvo de ser un régimen promocional de aquella ley del 2006 que tuvo como medida central la mezcla que rigió a partir del 2010 y pasó a ser un régimen regulatorio que prohibió el acceso a algunos actores. Esto lo considero inconstitucional y hay que corregirlo de manera urgente”, expresó.
Molina reclamó al Congreso “hacer leyes que sean políticas públicas que trasciendan los resultados electorales” y concluyó con algunas sugerencias como límite de integración vertical, pidió revisar la definición de biocombustibles porque “están incorporando combustibles sintéticos y otros biocombustibles”, y pidió profundizar en el análisis del proyecto porque “no se puede llevar a la destrucción de empresas que generan empleo sostenible”.
“La industria del Bioetanol lleva un alto acuerdo con la propuesta oficialista a la que considero que hay que hacerle varios cambios. Hay que poner un tope de participación por grupo económico porque con las asimetrías y fallas de mercado el artículo 15 hay que eliminarlo porque permite a los mezcladores obligatorios a acordar y puede llevar a que solo se concentre entre pocos grandes. Hay que hacer buena definición de ‘precio tope’ porque el trabajo nacional no es igual que el extranjero. Es importante que se habilite expresamente a la posibilidad del desarrollo de programas provinciales como los otros proyectos que hay. También la propuesta de biodiesel del proyecto de Santa Fe que es valiosa y permitiría avanzar”, recomendó.
En contrapartida, Tomás Lorda, vicepresidente de ENRESA, La Pampa, subrayó que “ha habido una gran confusión con una simplificación extrema en tratar de caracterizar la industria biodiésel entre integradas y no integradas que los va a llevar a tomar decisiones erróneas”.
“Claramente todos los proyectos tienden a que nuestro sector desaparezca totalmente. Cualquiera de los proyectos es ‘cómo destruir al sector Pymes que el mismo Estado construyó para pasarlo a manos de otro’. Parece que el juego acá es ‘como quedarnos con el negocio que han tenido las Pymes en estos años’”, manifestó el dirigente empresarial y señaló: “Los grandes actores estaban para la exportación y para el mercado interno estaban las PyMES”.
Lorda comentó que están trabajando en presentar una propuesta que no destruya a nadie, elevar el corte al 12%, que se compita en tres segmentos diferentes entre empresas con características similares. “Estamos a favor de poder modificar la ley actual, pero tiene que ser construyendo sobre lo que ya está hecho y no destruyendo las decisiones que las empresas tomaron 4 años atrás. Tenemos que hablar de seguridad jurídica”, y pidió que el tratamiento del biodiésel sea el mismo en etanol.
Ricardo Marra, presidente de la Bolsa de Cereales, en pos de fortalecer el sector energético y la sustentabilidad ambiental pidió innovar en un nuevo marco regulatorio y propuso elevar inicialmente el corte obligatorio en un 15%, tanto para el biodiesel con gasoil, como el bioetanol con nafta. Marra apeló a un "esquema de libre competencia que permita la participación de todos los actores del sector, sin restricción vinculada al tipo y tamaño de empresa".
También disertaron Juan Ángel Gauto, subsecretario de Desarrollo Forestal del Ministerio del Agro y la Producción del Gobierno de la Provincia de Misiones; Juan Antonio Khouri, CEO y cofundador de Dosbio S.A; Federico Puciarello, CEO de Essential Energy Holding; Javier Cervio, director ejecutivo de la Bolsa de Comercio de Rosario; Hernán Landgrebe, presidente de FECRA, Federación de Empresarios de Combustibles de la República Argentina; José Guillermo Lego, gerente general de CECHA, Confederación de Entidades del Comercio de Hidrocarburos y Afines de la República Argentina; Fernando Rolando, de la comisión directiva de FECRA, Federación de Empresarios de Combustibles de la República Argentina.