La Comisión de Análisis y Seguimiento de Normas Tributarias y Previsionales de Diputados reunió a especialistas y representantes de distintos sectores, quienes advirtieron sobre zonas grises en la Ley de “Inocencia Fiscal”, señalaron riesgos de opacidad y alertaron por posibles implicancias en materia de control y prevención del lavado.
La Comisión de Análisis y Seguimiento de Normas Tributarias y Previsionales de la Cámara de Diputados, una comisión presidida por la oposición, realizó una reunión informativa para abordar la aplicación de la Ley 27.799, denominada de Inocencia Fiscal.
El encuentro, encabezado por el presidente de la comisión, Ariel Rauschenberger (UP), contó con la participación de invitados de distintos ámbitos académicos, profesionales, periodísticos y de la sociedad civil, quienes expusieron sus perspectivas sobre los alcances de la norma y posibles aspectos a revisar.
El primero de los invitados fue Juan Pablo Futten, tributarista y profesor de la UBA y de la Universidad de Moreno, quien señaló que la Ley 27.779 establece un esquema de régimen simplificado, que en principio les pareció bastante práctico y accesible, pero cuando los contadores lo estuvieron viendo, observaron que “no es tan simplificado. Estamos a favor de las simplificaciones tributarias, pero hay algunas cuestiones a remarcar”.
Señaló que México tiene un régimen de esas características desde hace más de 10 años, “pero vemos en la norma actual que se debilita un poco la capacidad y control del fisco. Eso hace que generen algunas alertas y puntos de atención sobre eso”.
“Necesitamos muchas aclaraciones”, dijo el invitado, aunque aclaró que lejos de aclarar, ahora “el Gobierno va a mandar un nuevo proyecto que va a generar más dudas que certezas”. Habló de un “blanqueo no explícito”, y agregó que le llama la atención por qué no se especificó si era o no un blanqueo. “Habría que preguntarnos por qué no se puso un blanqueo, nos llama un poco la atención cuál es el objetivo de esto”.
Planteó también que “estas dudas pueden llegar a despertar alguna alarma dentro del GAFI, adonde tanto nos costó entrar. Ellos evalúan si los países tienen esa capacidad para detectar y examinar el tema de los delitos económicos, dentro del cual está el delito fiscal”. Y alertó que “esto hace que podamos llegar a tener algún cuestionamiento del GAFI”.
A continuación, Norma Cristóbal, vicepresidente primera del Tribunal de Ética del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, dijo tener “muchas dudas de cómo va a salir esto, y no tengo ninguna duda de que esto colabora y ayuda a la opacidad de todas las operaciones y lo que pueda llegar a hacerse con la ley. Sería bueno que en un proyecto posterior que se está elaborando se lograran solucionar estos vicios que la ley tiene hoy”.
“El incremento de los umbrales por tributo y por ejercicio, hace que si bien estaban atrasados los umbrales, creo que es una exageración, porque aumenta la cantidad de monto a evadir, que queda por debajo del radar”, señaló en otro pasaje, para agregar luego que “otro problema es el criterio subjetivo que se le otorga al ARCA, a efectos que puedan no denunciar penalmente, pero no dice cómo. Así que es totalmente subjetivo para el funcionario y vaya a saber lo que pasa el día de mañana con eso”.
Cristóbal destacó que “no se le puso freno a que los funcionarios públicos puedan acogerse a este régimen simplificado, y perdón, porque para mí es un perdón fiscal, no lo llamaría blanqueo”. La tributarista recordó que desde el Gobierno se insistió, incluso con publicidades, con la posibilidad de sacar algunos activos debajo del colchón, aunque aclaró que los fondos no solamente los puedo tener en casa, también en un paraíso fiscal, y esto me habilita a traerlo y que no se investigue el origen de los fondos. Esto tensiona todo con el GAFI”.
Alertas sobre un “blanqueo encubierto”
Por su parte, la consejera académica y periodista Natalia Volosín celebró que en el Congreso vuelva a discutirse lo que denominó “la mal llamada Ley de Inocencia Fiscal”, dado que para ella “es un blanqueo, un blanqueo encubierto, esto es lo que ha aprobado el Congreso. Y celebro que se discuta a efectos de limitarlos”.
Destacó en ese sentido que hay iniciativas como la de Esteban Paulón para excluir a las personas políticamente expuestas. “Me parece interesante, no el del Gobierno, que lo que haría es extralimitar aún más este blanqueo eliminando los umbrales por ingresos anuales, patrimoniales, etcétera, y dejando solamente como límite la exclusión para grandes fortunas”.
Volosín se preguntó por qué es un blanqueo. “Porque técnicamente no es otra cosa que un programa de cumplimiento de obligaciones tributarias. Si uno no se toma el trabajo de establecer buenas reglas para que el blanqueo no le abra la puerta al lavado, estamos en problemas, y esto es lo que hace la mal llamada Ley de Inocencia Fiscal con este régimen simplificado de ganancias, que lo que hace es invertir la carga de la prueba, eliminar las presuncioneos legales de la 11.683 para incrementos patrimoniales justificados para poder establecer si las diferencias son o no superiores a 15%, o no superior al umbral mínimo para la evasión fiscal simple, que es de 7 millones de pesos. Y además elimina la autodeterminación tributaria, que es la regla esencial de cualquier sistema tributario del planeta, incluyendo la Argentina”.
Volosín apuntó que “el artículo 5 del decreto reglamentario de la mal llamada Ley de Inocencia Fiscal, lejos de ayudar a las entidades financieras que puedan controlar, les dice: Cuando vos tengas un planchazo con un certificado y diga Régimen Simplificado de Ganancias, hacé de cuenta que el monitoreo no tiene sentido. Es una carta blanca”.
Debate sobre prevención del lavado
“Discúlpenme la palabra: es una joda la Argentina -continuó-. No solo no establecieron mecanismos para intensificar los controles y evitar el lavado, los levantaron y generaron mecanismos para ayudar al lavado. Como no hizo, por ejemplo, el blanqueo de Macri de 2016; tenía algunas cuestiones para discutir, pero no esta, porque mantenía incólume el Régimen de Prevención del Lavado”. En cambio, “este régimen no, tiró por la borda el sistema de prevención de lavado. El artículo 5, reitero, le dice a las entidades financieras: Si viene alguien, léase Manuel Adorni, no sé si lo conocen, que dice ‘esta persona adhirió al régimen’; tiene un papelito blanco que dice está limpia”.
Mónica Toundaian, integrante del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de La Pampa, se refirió a dificultades de la normativa actual para identificar con precisión determinadas definiciones legales.
Además, participaron como expositores Alejandro Pegoraro, director de la consultora Politikon Chaco; Ricardo Koss, miembro del Grupo Fénix; María Julia Eliosoff, directora de proyectos de FES Argentina e integrante del Espacio de Trabajo Fiscal para la Equidad; y Malena Vivanco, integrante de la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia.
La reunión permitió reunir aportes técnicos y miradas diversas en torno a la implementación de la ley, en el marco del trabajo de seguimiento que realiza la comisión sobre normas tributarias y previsionales.
Sobre el final de la reunión, el pampeano Ariel Rauschenberger recordó que para el debate en Diputados solo asistió el titular de ARCA; no hubo invitados para hablar del proyecto oficial.
A su turno, el diputado Carlos Castagneto dijo que “nosotros no somos tontos, tenemos un proyecto de ley para cambiar la Penal Tributaria, el Régimen Simplificado de Ganancias, y también tenemos un proyecto para que el próximo año, cuando seamos gobierno, hacer una simplificación tributaria y un sistema tributario progresivo que tenemos que tener en la Argentina. Acá pagan más los que menos tienen, por eso el Gobierno está persiguiendo a la cuarta categoría de Ganancias, que son los trabajadores”.