El proyecto de ley enviado por el Gobierno que propone una regulación de la actividad del lobby sumó voces de rechazo durante una nueva reunión informativa de las comisiones de Asuntos Constitucionales y Legislación General de la Cámara de Diputados.

Durante este miércoles expusieron representantes de distintas organizaciones, asociaciones e instituciones, que quedaron pendientes de la lista de la semana pasada cuando, ante una treintena de expositores, nadie se manifestó completamente a favor de la letra de la iniciativa diseñada por el Poder Ejecutivo.

Además de cuestionar la falta de precisión en las definiciones de gestión de intereses -y gestores-, los invitados de la anterior reunión y la de este miércoles advirtieron por las sanciones que se prevén y que el proyecto no distingue el lobby corporativo del que realizan los actores de la sociedad civil.

En el cierre del encuentro, el libertario Nicolás Mayoraz, informó que se convocará a una nueva reunión informativa y se invitará a expertos internacionales, sobre todo de países que han legislado sobre el tema.

En la ronda de expositores, Leandro Mora Alfonsín, director Ejecutivo de Argencon, que nuclea a empresas de la economía del conocimiento, expresó: "Entendemos que avanzar hacia un marco normativo moderno que brinde claridad y previsibilidad a las interacciones entre el sector público, privado y la sociedad civil es un paso adelante". Sin embargo, planteó "oportunidades de mejora" al texto del PEN.

En tal sentido, sugirió "precisar lo que es gestión de intereses y gestor de intereses" ya que "si no hay una delimitación clara, la norma puede identificar de manera individualizada a beneficiarios de gestiones que, por su naturaleza, persiguen objetivos de alcance colectivo".

Sobre "la inscripción obligatoria en el registro público", Mora Alfonsín consideró que esto "no debe convertirse en una matrícula obligatoria que obstaculice la actividad o, pero aún, desincentive la participación ciudadana". "La norma no debería trazar una diferencia operativa de exigencias o criterios regulatorios entre nacionales y extranjeros", advirtió.

A su vez, sumó que "la criminalización de estas conductas resulta desproporcional y contraria a las tendencias regulatorias globales. No hay precedentes regionales de esto, ningún régimen en América Latina impone penas de prisión por la gestión de intereses".

A su turno, Martín Reydó, director Ejecutivo de Fundar, opinó que el proyecto "tiene un título chileno, pero un contenido que se parece más al de El Salvador o de Hungría". Observó que, de aprobarse esta norma, "todos somos lobistas hasta que se demuestre lo contrario" y cuestionó "las sanciones punitivas desproporcionadas" y "la asfixia burocrática que cae sobre las ONG's". "Sesga la interacción entre legisladores opositores y ONG's que quieran argumentar o aportar evidencia para oponerse a proyectos del Ejecutivo", alertó.

También criticó que "el proyecto asocia de forma espuria la cooperación internacional en derechos humanos, ciencia o transparencia con la representación de intereses extranjeros que dañan la soberanía nacional". "Puede estigmatizar o neutralizar a organizaciones y también al periodismo independiente", agregó.

Gustavo Corradini, director de Servicios de la Asociación de Industriales Metalúrgicos (ADIMRA), señaló que desde la asociación mantienen "de manera habitual instancias de diálogo con el sector público para aportar información técnica, evidencias y propuestas que mejoren las políticas que afectan nuestro sector" y "ADIMRA acompaña el objetivo de fondo de este debate", no obstante, señaló puntos conflictivos de la propuesta.

En coincidencia con lo que muchos repiten, remarcó que "la primera definición de gestión de intereses es amplia". Luego, dijo que "exigir que declaremos beneficiarios finales en muchos casos es inaplicable y puede comprometer la confidecialidad de nuestras empresas asociadas". "Este proyecto no contempla la figura del beneficiario colectivo", observó.

Mijael Kaufman Falchuk, cofundador de la asociación civil Consciente Colectivo, enfatizó que "hay una distinción que este proyecto deliberadamente ignora y no podemos dejar pasar: no se puede meter en la misma bolsa el lobby corporativo con fines de lucro y a quienes propiciamos la participación ciudadana desde organizaciones sin fines de lucro. No estamos en las mismas condiciones, no tenemos los mismos objetivos ni perseguimos las mismas metas. Tampoco tenemos las capacidades y recursos que este proyecto quiere imponernos".

A continuación, ejemplificó que "una organización ambiental con cooperación internacional que habla con un diputado sobre glaciares, bosques o litio puede enfrentar tres años de prisión, no por corrupción, sino por hablar de temas ambientales y no tener un número de registro. ¿Pero qué le sucede al funcionario? Solo falta grave". "Este proyecto genera algo muy concreto: miedo. Miedo a participar, a involucrarse", advirtió y se preguntó: "¿Quién sale más protegido con esta ley? ¿La ciudadanía o el poder?".

En tanto, Gabriela Lozano, directora Institucional de la Fundación Interamericana del Corazón Argentina (FIC Argentina), recordó distintas leyes sobre salud -como la que declaró los ambientes libres de humo o la de etiquetado frontal- para sostener que "muchas de las transformaciones que mejoran la vida de las personas nacen de la capacidad de la sociedad civil para participar en los asuntos públicos".

"La sociedad civil busca aportar conocimiento, experiencia territorial, evidencia científica y perspectivas que enriquecen el debate democrático y ayudan a construir mejores políticas públicas", defendió y afirmó que "este proyecto atenta contra la democracia y la participación".

También expusieron Carlos Rozen, expresidente y vocal de la comisión directiva de la Asociación Argentina de Ética y Compliance (AAEC); Adrián Luna Vásquez, secretario de Confederaciones Rurales Argentinas (CRA); Hernán Casañas, director Ejecutivo de Aves Argentinas; Sebastián Pilo, asesor estratégico de Asociación Argentina de Abogados y Abogadas Ambientalistas; Arturo Andrés Cuello, coordinador de Incidencia Política Nacional de Jóvenes por el Clima Argentina (JOCA); Manuel Jaramillo, director General de Fundación Vida Silvestre Argentina; y Gonzalo Matías Chiarullo, presidente de la Fundación para la promoción y protección del ahorro, la inversión y el comercio exterior (PROAICE).