El Senado de la provincia de Buenos Aires se apresta a retomar la actividad en el recinto el próximo miércoles 24 tras la convocatoria formal de la vicegobernadora Verónica Magario.
El hecho, constituye el primer intento formal para dar comienzo el debate ordinario del año legislativo.
La decisión de abrir las puertas del recinto se adoptó bajo presión tanto de los bloques opositores como de sectores del propio oficialismo, luego de un extenso período de inactividad que se prolongó por más de seis meses.
Este regreso al debate busca poner fin a un congelamiento institucional que mantenía trabada la agenda normativa de la provincia más poblada del país.
El trasfondo de esta parálisis responde centralmente a la fuerte interna del peronismo bonaerense, donde la disputa por el control político y los espacios de poder mantiene enfrentados a diferentes sectores de la coalición gobernante.
Esta pulseada interna provocó que las comisiones permanentes de trabajo recién pudieran constituirse hacia finales de mayo, retrasando el filtro previo de cualquier proyecto de ley.
Las rispideces escalaron al punto de que las bancadas opositoras, alentadas por sectores del oficialismo, amenazaron formalmente con forzar una sesión especial si el recinto continuaba cerrado, lo que obligó a acelerar las negociaciones para evitar un costo político mayor.
El balance de este parate arroja consecuencias críticas para la administración provincial, ya que ninguno de los casi 300 proyectos presentados por los legisladores durante el período vigente logró ser debatido en el recinto.
Esta situación afectó el tratamiento de iniciativas clave impulsadas por el Poder Ejecutivo y reformas judiciales promovidas junto a la Suprema Corte de Justicia bonaerense.
El intento de reactivación del próximo miércoles busca descomprimir este cuello de botella, apoyado en reuniones de comisión que ya vienen funcionando con normalidad en los últimos días.
El retorno al recinto plantea volver a mirar un escenario que no debiera ser conflictivo para el oficialismo, ya que cuenta con una mayoría de 24 bancas sobre un total de 46 miembros, pero la fragmentación interna neutraliza esa ventaja teórica si no se logran consensos firmes previos.
Por su parte, los bloques opositores buscarán utilizar la jornada para cuestionar la gestión parlamentaria y exigir prioridad para sus propios expedientes acumulados, aunque son pocas las acciones que desde las fuerzas de esta facción se han desplegados, en función de lograr alguno grado de sincronía entre las partes.