La iniciativa aprobada este jueves busca limpiar el ordenamiento jurídico de la Ciudad eliminando leyes y ordenanzas que perdieron vigencia.
Durante la sesión ordinaria de este jueves, la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires aprobó una “Ley de Hojarasca” para derogar más de 20 normas consideradas obsoletas. La votación arrojó 30 votos positivos y 23 negativos.
La iniciativa había sido impulsada por los legisladores de La Libertad Avanza (LLA) y establece la derogación de un conjunto de leyes, ordenanzas y disposiciones que han quedado obsoletas o han perdido vigencia práctica dentro del ordenamiento jurídico de la Ciudad.
Entre ellas ordenanzas referidas a procedimientos administrativos ya superados, regulaciones que fueron reemplazadas por marcos normativos posteriores y disposiciones que actualmente carecen de aplicación efectiva. El texto prevé que las partidas presupuestarias eventualmente asignadas a la ejecución de las normas derogadas sean transferidas al Ministerio de Hacienda y Finanzas.
De esta manera, se establece en el artículo 1° del texto recientemente aprobado, la derogación de las leyes 16, 50, 109, 288, 477, 1.264, 2.198, 2.604, 3.870, 4.619, 5.059, 5.135, 5.190, 5.919, 6.008, 6.255, 6.328, 6.352 y 6.492. También propone eliminar parcialmente otras normas, como la Sección II de la Ley 600, el Capítulo II de la Ley 3.166 y el artículo 4° de la Ley 5.901, además de derogar la Ordenanza 15.201, previa a la autonomía porteña.
De acuerdo con la iniciativa, varias de estas normas fueron sancionadas en contextos distintos a los actuales y, con el paso del tiempo, quedaron desactualizadas o fueron absorbidas por legislación posterior, lo que derivó en superposiciones regulatorias y pérdida de aplicación efectiva.
En ese sentido, el proyecto sostiene que la acumulación normativa generó “trabas burocráticas”, con exigencias, registros y procedimientos que hoy no responden a necesidades concretas y que impactan en la actividad económica y administrativa.
El artículo 2° dispone que las partidas presupuestarias asignadas a las normas derogadas sean transferidas al área de Hacienda del Gobierno porteño. Además, se fija que el Poder Ejecutivo deberá adecuar y armonizar la normativa reglamentaria vigente en función de los cambios propuestos.