Con 36 votos, se aprobó la reforma al Código Contravencional que prevé arrestos y multas más severas para cuidacoches y limpiavidrios. En la misma sesión, se autorizó a la Ciudad a tomar deuda por hasta USD 1.350 millones para construir una nueva línea de subte tras 25 años sin ampliaciones.
La Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires aprobó una reforma clave al Código Contravencional impulsada por el jefe de Gobierno, Jorge Macri, que endurece de manera significativa las sanciones contra los denominados “trapitos” y limpiavidrios. La iniciativa, que obtuvo 36 votos positivos, incorpora penas de arresto efectivo, eleva las multas y amplía las facultades de control de las autoridades, en particular en el contexto de eventos masivos.
La nueva norma —identificada como Ley 6.961— fija un marco más estricto frente a una actividad que el Ejecutivo porteño considera organizada y extorsiva. “Los trapitos son una mafia, se creen dueños de la calle y viven de extorsionar a los porteños. Ahora los metemos presos. Con los delincuentes, tolerancia cero”, sostuvo Macri, quien desde el inicio de su gestión ordenó intensificar los operativos policiales.
Hasta ahora, la actividad estaba penada únicamente con multas que en la práctica resultaban de difícil cobro. A partir de esta modificación, seguirá siendo una contravención, pero con consecuencias más severas, que incluyen detenciones de entre 10 y 50 días según el caso, e incluso hasta 60 días para quienes actúen como organizadores o promotores.
La normativa distingue distintos escenarios. En eventos masivos —donde se compruebe la existencia de organización previa— se prevén arrestos de 20 a 50 días. Para los cuidacoches en la vía pública, las detenciones oscilarán entre 10 y 30 días. Además, las penas se duplicarán en situaciones de violencia, intimidación o acoso, particularmente si se verifica aprovechamiento de la vulnerabilidad de la víctima o cuestiones vinculadas a desigualdad de género.
También se introducen cambios sustanciales en las sanciones económicas y accesorias. Las multas escalan desde poco más de un millón de pesos y pueden superar ampliamente ese monto, mientras que los trabajos comunitarios se amplían a períodos de hasta 45 días. A su vez, quienes participen de manera organizada en estos esquemas podrán ser inhabilitados durante dos años para acceder a planes sociales y beneficios estatales.
El control en torno a eventos masivos será otro de los puntos reforzados. La zona de restricción se amplía hasta 50 cuadras alrededor del evento, con una ventana temporal que se extiende desde seis horas antes hasta tres horas después de su finalización. La normativa también alcanza a clubes e instituciones: si se comprueba su vinculación directa o indirecta con estas prácticas, podrán enfrentar multas millonarias —que llegan a los 20.000 UF— y clausuras de hasta 90 días.
Desde el Gobierno porteño subrayan que la medida responde a la necesidad de reforzar herramientas frente a un fenómeno que, aseguran, no pudo ser abordado eficazmente con el esquema anterior. Entre mayo de 2025 y mayo de 2026 se labraron más de 13 mil contravenciones, cifra que para el Ejecutivo evidencia la magnitud del problema.