Para los que piensan que la actividad legislativa se paraliza en tiempos del Mundial, basta como refutación mirar la agenda prevista en las dos cámaras para esta semana: con sesiones en ambas cámaras, martes, miércoles y jueves. Aunque también hay que considerar las tres están en riesgo, tan dinámico es el momento político y tan complicada la relación oficialismo-oposición.

Cada cámara tiene su propia relación de fuerzas y situaciones diferenciadas. Pero en la actualidad un nombre domina la coyuntura y está provocando lo que, como dijimos, el Mundial de Fútbol no hace: la parálisis del Congreso.

Porque si bien las negociaciones son intensas, planificando cada sector sus estrategias para no fallar, la realidad es que la situación del jefe de Gabinete hace difícil para el oficialismo abrir las puertas de los recintos, ante la certeza de que allí puede suceder lo impensado. Ante ello, los temas más urgentes que necesita el Gobierno corren el riesgo de quedar frenados.

Confrontación en el Senado

Vayamos primero al Senado, donde ya la sesión que estaba prevista para el jueves pasado debió suspenderse. El temario previsto para el 18 de junio incluía una serie de pliegos judiciales y diplomáticos; acuerdos internacionales; un proyecto para declarar a Tucumán capital simbólica de Argentina cada 9 de julio, y el proyecto de ley de inviolabilidad de la propiedad privada, que el ministro Federico Sturzenegger impulsa y defendió personalmente en el plenario de comisiones el 8 de abril -léase hace dos meses y medio-, y que tanto le está costando aprobar al oficialismo.

Ya había sido incluido en el temario de la última sesión, pero por falta de votos el oficialismo prefirió postergarlo aquella vez.

La realidad es que La Libertad Avanza llegó a la conclusión de que lo más conveniente era la semana pasada suspender la sesión, ante la certeza de que la oposición más dura forzaría el tratamiento de un proyecto de interpelación a Manuel Adorni, moción de censura incluida, y -lo peor- existían serias posibilidades de que contara con los votos para avanzar con esa propuesta.

No habían funcionado las concesiones hechas por el oficialismo hasta entonces, forzando al jefe de Gabinete a ponerle fecha concreta y cercana a su informe de gestión. Para cuando se confirmó que lo haría el 2 de julio, el bloque de José Mayans ya tenía decidido forzar lo que sí le interesa: la interpelación al funcionario, que ya se presentó hace casi dos meses a dar un informe en el Congreso, leyendo por completo no solo la intervención original sino también todas las respuestas.

En la reunión de Labor Parlamentaria celebrada el miércoles pasado se acordó postergar la sesión para el jueves 25, e incluso se estableció el orden de tratamiento de los temas, incluyendo en primer lugar el debate sobre la interpelación, que de ser aprobada tendría lugar una semana después, el mismo día del informe de gestión, jueves 2 de julio.

La discusión giraba en torno a la cantidad de votos necesarios para aprobar la interpelación. El bloque Justicialista se plantó en considerar que el proyecto del propio Mayans y otros puesto a consideración no necesita dictamen, mientras que desde el oficialismo se advertía que si bien se trata de un proyecto de resolución, el mismo tiene giro a Asuntos Constitucionales y por allí debe pasar.

Basados en que la interpelación y moción de censura es una alternativa prevista en el artículo 101 de la Constitución Nacional, los peronistas consideraron que no debía estar sujeto a la reglamentación que corre para otro tipo de iniciativas. Concretamente, el texto constitucional establece que el jefe de Gabinete “puede ser interpelado a los efectos del tratamiento de una moción de censura, por el voto de la mayoría absoluta de la totalidad de los miembros de cualquiera de las cámaras, y ser removido por el voto de la mayoría absoluta de los miembros de cada una de las cámaras”.

Lo cierto es que la sesión prevista para el jueves pasado terminó postergándose, previo acuerdo para que la eventual interpelación fuera aprobada por mayoría absoluta. Pero un día después de la sesión que no fue, el oficialismo cambió de postura en cuanto a los votos necesarios para interpelar y propuso hacer una nueva reunión de Labor para establecerlo formalmente.

En rigor, en el acta de Labor correspondiente al miércoles 17 de junio nada dice sobre los votos necesarios. En el punto 1 de la misma se establece el tratamiento de “mociones de interpelación al jefe de Gabinete de Ministros en virtud del artículo 101 de la Constitución Nacional y 214 del Reglamento del Honorable Senado de la Nación”. Pero para no caer en un debate interminable en el recinto, se buscará saldar la cuestión en una nueva reunión de Labor Parlamentaria… a la que el bloque de Mayans no piensa asistir, por cuanto no quieren modificar lo acordado una semana antes.

En este contexto tan complicado, los bloques dialoguistas estarían más cerca de la postura del oficialismo en cuanto a la necesidad de aprobar la interpelación con 2/3 de los votos. Tampoco estarían de acuerdo con proceder a votar la moción de censura inmediatamente después de la interpelación, tal cual lo establece el texto presentado por el interbloque Popular. En el artículo 2° del proyecto de resolución firmado por Mayans, Anabel Fernández Sagasti y Fernando Salino, entre otros, se indica que la moción de censura del jefe de Gabinete “será resuelta por el pleno de esta H. Cámara en la misma sesión en que se lleve a cabo su interpelación”.

Hasta ahora, es el único proyecto sobre el tema. No se descarta que antes del jueves se presente otro proyecto solo para interpelar.

A pesar de tantas dudas, fuentes consultadas dan por segura la sesión del Senado, aunque atada a que el oficialismo tenga garantizado que podrá imponer que la interpelación salga sí y solo sí es votada por los 2/3. Aunque tampoco se descarta que si eso sucede, los propios bloques dialoguistas aporten la veintena de votos que el peronismo necesitaría para llegar a esa mayoría especial.

El panorama en Diputados 

En la Cámara baja los bloques dialoguistas esperaban que el Senado despejara el panorama el jueves pasado, cosa que no se logró por la postergación de la sesión. Ahora el día D parece ser el martes 23. Para las 14 de ese día, justo 24 horas después del inicio de la segunda presentación de Argentina en el Mundial, está prevista una sesión pedida por la oposición más dura para tratar proyectos relacionados con Manuel Adorni. En este caso hay seis iniciativas divididas de la siguiente forma: dos pedidos para que el funcionario de informes verbales ante el Congreso sobre presuntas irregularidades en el uso de bienes del Estado y fondos públicos, además de informar sobre su situación patrimonial; un pedido de informes al Poder Ejecutivo sobre cuestiones relacionadas con la situación patrimonial de Adorni; y tres pedidos de interpelación con el fin de iniciar una moción de censura.

Todos estos proyectos tienen giros a las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Peticiones, Poderes y Reglamento, y quienes convocan saben que necesitan contar con los 2/3 para aprobar su tratamiento sobre tablas, cosa con la que no cuentan. De ahí que el plan B será el instrumentado a lo largo del año pasado, emplazando a las comisiones con fecha de dictamen.

Propios y extraños dan por descontado que la sesión del 23 no tendrá quórum. Por más que el Pro y los radicales insistan en cuestionar la permanencia de Adorni al frente de la Jefatura de Gabinete. El argumento del bloque amarillo es que no dan quórum para las sesiones que no convocan. Distinto sería si se alcanzara el quórum: difícilmente pudieran oponerse a un emplazamiento.

Ante la casi certeza de que no prosperará esa sesión, todas las miradas se ponen en la sesión del 24, en la que La Libertad Avanza quiere tratar el acuerdo con los holdouts y el Súper RIGI. Sucede que en caso de fracasar la sesión del día anterior, se descuenta que la oposición irá a esa sesión con el mismo objetivo.

Por eso no se descarta que la sesión del 24 tampoco se haga. De hecho, todavía no ha sido pedida, y fuentes consultadas por este medio pusieron muy en duda su realización, por los motivos expuestos. “Lo más probable es que no se convoque”, adelantó un legislador, más allá de que el Gobierno necesita que se apruebe antes de fin de mes el tratado con los holdouts.

“Hay una semana más de tiempo”, señaló, confiado, un diputado a este medio. ¿Qué cambiará en una semana? Es Argentina, tanto puede pasar en una semana… Aunque Manuel Adorni mantiene el respaldo del presidente Javier Milei.