Quintela reabre la disputa limítrofe con San Juan en medio del megaproyecto Vicuña y enciende alarmas sobre la seguridad jurídica de una inversión récord en la minería argentina.
El gobernador de La Rioja, Ricardo Quintela, decidió escalar un conflicto histórico con impacto directo en uno de los proyectos mineros más ambiciosos del país. A través de un proyecto de ley enviado a la Legislatura provincial, busca rechazar formalmente el decreto-ley 18.004 —vigente desde 1968— que fijó los límites con San Juan, y avanzar en acciones judiciales para reclamar territorios actualmente bajo jurisdicción sanjuanina.
La reacción de San Juan no se hizo esperar. El gobernador Marcelo Orrego fue categórico: descartó cualquier posibilidad de negociación y defendió la validez jurídica de los límites vigentes. En paralelo, la Cámara Minera provincial advirtió que la disputa amenaza con erosionar un factor clave para el sector: la previsibilidad institucional.
El trasfondo del conflicto es económico y tiene nombre propio: Vicuña. Se trata del joint venture entre la australiana BHP y la canadiense Lundin Mining que integra los proyectos Josemaría y Filo del Sol. Aunque los yacimientos están en territorio sanjuanino, parte de su logística depende de La Rioja, lo que agrega tensión a la controversia.
La disputa se reactivó apenas días después de que el Gobierno nacional aprobara el ingreso del proyecto al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI). La iniciativa prevé una inversión inicial de USD 9.700 millones, con potencial de alcanzar los USD 18.000 millones en diez años. Desde el Ministerio de Economía, la definieron como el mayor emprendimiento minero en la historia argentina y uno de los principales desarrollos cupríferos a nivel global.
El atractivo del RIGI radica en beneficios sustanciales: reducción del impuesto a las Ganancias, devolución acelerada del IVA, eliminación de retenciones desde el segundo año y garantías de estabilidad fiscal y legal por cuatro décadas. Sin embargo, el conflicto interprovincial introduce ruido sobre uno de los pilares que sostienen este tipo de inversiones: la seguridad jurídica.
El proyecto impulsado por Quintela habilita a la Fiscalía de Estado riojana a promover medidas cautelares y otras acciones judiciales sobre las zonas en disputa. Además, propone la creación de una comisión permanente integrada por legisladores y especialistas para estudiar la delimitación territorial.
Desde la perspectiva de La Rioja, el acuerdo de 1968 implicó una pérdida territorial que hoy adquiere relevancia estratégica por la presencia de recursos minerales y hídricos. No es un dato menor: la cordillera sanjuanina se consolidó en los últimos años como uno de los principales polos cupríferos de la Argentina.
La tensión ya tuvo un episodio concreto en abril, cuando la Justicia riojana ordenó la suspensión de actividades en su territorio vinculadas al proyecto y dispuso el cierre de caminos clave, argumentando la falta de presentación de un Estudio de Impacto Ambiental ante autoridades provinciales.
Orrego respondió con firmeza. En un mensaje público, insistió en que los límites están respaldados tanto por la normativa histórica como por su ratificación en el Congreso en 2014. “Ninguna provincia puede modificar unilateralmente una frontera”, sostuvo, al tiempo que convocó a la dirigencia política local a cerrar filas en defensa del territorio.
El posicionamiento institucional fue acompañado por la Cámara Minera de San Juan, que alertó sobre las consecuencias de cuestionar marcos legales consolidados. Para el sector, la estabilidad normativa es condición indispensable para inversiones de largo plazo que requieren años de desarrollo y grandes volúmenes de capital.
Más allá del debate jurídico, los números explican la magnitud del conflicto. Vicuña proyecta una producción anual de 400.000 toneladas de cobre, 700.000 onzas de oro y 22 millones de onzas de plata. En régimen, podría generar exportaciones por USD 6.000 millones por año, una cifra equivalente a todo lo exportado por la minería argentina en 2025.
El impacto también se mide en empleo: se estiman 12.000 puestos de trabajo durante la construcción y unos 24.000 entre directos e indirectos en la etapa operativa. San Juan, además, consolidó su perfil minero a nivel global: el ranking del Instituto Fraser la ubica entre las jurisdicciones más atractivas del mundo para la inversión.
En este contexto, la disputa entre La Rioja y San Juan excede un diferendo histórico. Se trata de un conflicto con implicancias económicas, políticas y jurídicas que puede redefinir el mapa de inversiones en la minería argentina. Y, sobre todo, poner a prueba la capacidad del país para garantizar reglas de juego estables en proyectos de escala global.