El exdiputado nacional José Luis Espert fue citado a prestar declaración indagatoria para la semana próxima en una causa en la que se lo investiga por presunto lavado de dinero. La medida fue dispuesta por el juez federal Lino Mirabelli a pedido del fiscal Fernando Domínguez, quien impulsa el expediente centrado en una transferencia de 200 mil dólares que recibió el economista.

La audiencia fue fijada para el próximo martes y también alcanza al contador de Espert, Mariano Cosentino. Ambos deberán responder en torno al origen de esos fondos, que según la investigación habrían sido enviados desde estructuras vinculadas al empresario aeronáutico Federico “Fred” Machado, condenado en Estados Unidos por fraude y lavado de activos relacionados con el narcotráfico.

De acuerdo con la hipótesis fiscal, el dinero habría sido canalizado mediante una operatoria destinada a disimular su origen ilícito. El eje del caso es un supuesto contrato de asesoría firmado en 2019 con una firma minera radicada en Guatemala, representada por Machado, que preveía pagos por hasta un millón de dólares.

Espert sostuvo que la transferencia correspondía a ese acuerdo profesional, pero los investigadores consideran que se trató de una maniobra simulada. Entre los elementos que alimentan las sospechas figura que el exlegislador no registra viajes a Guatemala en ese período y que las explotaciones mineras mencionadas no estaban en funcionamiento.

Para la fiscalía, el contrato habría sido utilizado como pantalla para justificar el ingreso de fondos que en realidad provenían de actividades ilícitas. En esa línea, también se analiza el rol de la sociedad Varianza SA —vinculada a Espert y su esposa—, que habría sido empleada para dar apariencia legal a los movimientos financieros.

El expediente señala además que parte del dinero recibido habría sido destinado a la adquisición de bienes de alto valor, como vehículos, y a inversiones inmobiliarias a través de fideicomisos. Estas operaciones están bajo revisión como posibles mecanismos de blanqueo.

En el marco de la causa, el juez dispuso medidas preventivas sobre el patrimonio del economista, entre ellas la prohibición de innovar y el congelamiento de bienes y cuentas. El objetivo es preservar activos mientras avanza la investigación.

La relación entre Espert y Machado se remonta a 2019, cuando el empresario facilitó su avión privado para distintos viajes de campaña presidencial. Ese vínculo es considerado por los investigadores como un antecedente relevante para comprender el flujo posterior de dinero.

El fiscal Domínguez rechazó los argumentos de la defensa, que plantean un desconocimiento sobre las actividades del empresario, y sostiene que no puede admitirse como excusa para justificar la recepción de fondos de origen sospechoso.