Un proyecto encabezado por Jorge Taiana reclama al Poder Ejecutivo detalles sobre los despliegues policiales de los miércoles en torno al Parlamento, con foco en gastos, uso de la fuerza y criterios de intervención.
Un grupo de diputados de distintos bloques presentó un pedido de informes al Poder Ejecutivo para que brinde precisiones sobre los operativos de seguridad que se despliegan de manera recurrente los días miércoles en las inmediaciones del Congreso de la Nación. La iniciativa está encabezada por Jorge Taiana y lleva las firmas de legisladores de espacios políticos diversos, entre ellos Mónica Frade, Esteban Paulón, Natalia Zaracho, Hugo Yasky, Sergio Palazzo, Cecilia Moreau, Martín Lousteau y Juan Grabois.
El proyecto solicita información detallada sobre múltiples aspectos de estos procedimientos, desde los fundamentos que justifican su implementación hasta el costo económico que representan para el Estado. En ese sentido, se pide al Gobierno que precise la hipótesis de conflicto o los indicadores de riesgo que motivan cada operativo, así como los informes de inteligencia criminal que sustenten su magnitud.
Otro de los ejes centrales del pedido apunta al impacto presupuestario: los diputados requieren un desglose del gasto total de cada despliegue desde diciembre de 2023, discriminado por fuerza de seguridad, incluyendo Policía Federal, Gendarmería, Prefectura, Policía de Seguridad Aeroportuaria y eventualmente la Policía de la Ciudad.
Asimismo, la iniciativa reclama detalles sobre la cantidad de efectivos afectados en cada jornada, su distribución por jerarquías, y si las tareas se realizan dentro de horarios habituales o mediante el pago de horas extras o servicios adicionales. También se pone el foco en el equipamiento utilizado: desde vehículos, camiones hidrantes y vallas hasta armamento no letal, como gases lacrimógenos, balas de goma y otros dispositivos de dispersión.
En el proyecto se solicita además información sobre la cantidad de manifestantes que participan en las protestas, su identificación y la duración de las concentraciones, así como la extensión temporal de cada operativo, desde su inicio hasta su finalización.
Otro punto relevante es el impacto económico y social de estos dispositivos. En particular, los legisladores piden saber si el Gobierno realizó estudios sobre las pérdidas que podrían haber sufrido los comercios de la zona como consecuencia de las restricciones a la circulación.
En los fundamentos, los autores sostienen que el control parlamentario es clave para garantizar la transparencia en el uso de los recursos públicos y cuestionan la proporcionalidad de operativos que consideran de gran escala frente a movilizaciones que, en muchos casos, describen como de menor magnitud. También advierten sobre posibles efectos sobre derechos constitucionales, como la protesta y la libertad de expresión.
El texto plantea además críticas al uso de las fuerzas de seguridad en el marco del protocolo para el mantenimiento del orden público y menciona denuncias sobre intervenciones que consideran excesivas, tanto por la cantidad de efectivos como por el tipo de recursos empleados.
El pedido de informes fue girado a las comisiones de Seguridad Interior y de Presupuesto y Hacienda para su tratamiento.