La no sesión de hoy no fue un accidente. Tampoco una derrota circunstancial de la oposición ni una victoria táctica del oficialismo. Fue la confirmación de un proceso mucho más profundo y preocupante: el vaciamiento deliberado del Congreso Nacional.

Hace tiempo que el Gobierno descubrió que no necesita tener mayoría propia. Le alcanza con algo más eficaz: una oposición fragmentada, temerosa y, en muchos casos, funcional. Una oposición que denuncia en los medios lo que no está dispuesta a discutir en el recinto; que publica comunicados encendidos, pero se esfuma cuando llega la hora de dar quórum; que se presenta como republicana mientras renuncia a ejercer la primera obligación del republicanismo: controlar al poder.

No estamos frente a una mayoría automática como las que conoció la Argentina en otros tiempos. Estamos ante algo más sofisticado y, quizás, más peligroso: una mayoría de ausentes.

Porque las ausencias, en política, también votan.

Votan cuando se evita una sesión incómoda. Votan cuando se impide interpelar a un funcionario. Votan cuando se cajonea un pedido de informes. Votan cuando se posterga indefinidamente una investigación. Votan cuando la especulación electoral pesa más que la responsabilidad institucional.

Y así, ausencia tras ausencia, silencio tras silencio, se construye una mayoría informal que le permite al Gobierno evitar cualquier forma seria de control.

El deterioro institucional no empieza en el recinto; empieza mucho antes.

Empieza cuando las comisiones dejan de ser el corazón del trabajo parlamentario para convertirse en salas de espera vacías. Cuando la enorme mayoría de las comisiones presididas por La Libertad Avanza y sus aliados directamente no se reúnen. No hay agenda, no hay temarios consensuados, no hay voluntad de debatir ni de dictaminar. El Parlamento deja de ser el lugar donde la democracia procesa sus conflictos para convertirse en una institución administrada para que nada suceda.

Y cuando alguna comisión sí funciona —cuando diputados de distintos bloques logran impulsar una reunión o se atreven a presentar un pedido de informes al Poder Ejecutivo— la reacción es inmediata. El oficialismo despliega toda su capacidad de bloqueo. No importa cuál sea el tema: salud, defensa, educación, economía, corrupción o política exterior. Todo aquello que implique exigir explicaciones al Gobierno es tratado como una amenaza que debe ser neutralizada.

La consigna parece ser una sola: no investigar, no preguntar, no incomodar.

Los aliados del oficialismo tienen, además, una forma particularmente sofisticada de lavarse las culpas: convocan a reuniones informativas. Encuentros que no producen dictámenes, no obligan a nadie a responder y no generan consecuencia institucional alguna. Es una puesta en escena del control parlamentario destinada, precisamente, a evitar que dicho control exista.

La convocatoria a una reunión informativa de la Comisión de Asuntos Constitucionales es el ejemplo perfecto. Otra vez una reunión sin definiciones, sin dictamen y sin intención de avanzar en nada concreto. El recurso es conocido: simular actividad para evitar decisiones, multiplicar las palabras para impedir las consecuencias. La ilusión de control para garantizar, en los hechos, la ausencia de todo control.

Así, mientras algunos se fotografían defendiendo la República, el Congreso se vacía de contenido.

El bloque radical presidido por Pamela Verasay debería preguntarse en qué momento olvidó no solo las enseñanzas de Alem y de Yrigoyen, sino también la decencia de Illia y la convicción democrática de Alfonsín. Porque fue Alfonsín quien impulsó la reforma constitucional de 1994 y defendió especialmente la figura del jefe de Gabinete como una herramienta para fortalecer el control parlamentario y evitar la concentración del poder.

A más de treinta años de aquella reforma, el bloque radical parece haber olvidado una de las convicciones más profundas de Alfonsín: que el poder necesita controles y que el Congreso existe, precisamente, para ejercerlos. Hoy, quienes invocan ese legado terminan blindando al Gobierno frente a cualquier intento serio de rendición de cuentas. Ya no se trata solamente de votar con el oficialismo. Se trata, muchas veces, de algo más efectivo: ausentarse cuando hay que controlar, mirar para otro lado cuando hay que exigir respuestas y convertir la especulación política en una forma de renuncia institucional.

El Pro, por su parte, se especializó en la preocupación. Todo le preocupa, todo le genera alarma institucional y todo merece un comunicado. Pero, cuando llega el momento de poner el cuerpo, la preocupación se evapora. La República parece terminar donde empiezan las especulaciones electorales y las negociaciones con el oficialismo.

Y los gobernadores aliados reclaman federalismo mientras administran silencios. Negocian recursos para sus provincias, pero callan cuando el Congreso debería exigir respuestas. Confunden gobernabilidad con obediencia y terminan siendo piezas fundamentales de un esquema donde el Ejecutivo gobierna cada vez con menos controles.

La consecuencia es evidente. El Gobierno empieza a convencerse de que no necesita explicar nada; que puede gobernar sin rendir cuentas, sin responder preguntas incómodas y sin aceptar controles. Y eso no ocurre solamente por la voluntad del oficialismo. Ocurre porque demasiados actores políticos eligieron la comodidad de la ausencia antes que la incomodidad de cumplir con su deber.

Las instituciones no se degradan únicamente cuando alguien las ataca. También se degradan cuando quienes deben defenderlas aceptan que dejen de funcionar.

Y eso es, quizás, lo más preocupante de este tiempo.

El problema no es que exista un gobierno que quiera concentrar poder. Todos los gobiernos, en mayor o menor medida, lo intentan. El verdadero problema es que haya tantos dirigentes dispuestos a renunciar a su función de control por conveniencia, por cálculo o por miedo.

Porque las ausencias, en política, también votan.

Y cuando se vuelven sistemáticas, dejan de ser una omisión.

Se convierten en una forma de complicidad.