Un día después de la fallida sesión convocada por la oposición para interpelar a Manuel Adorni, el oficialismo retoma su agenda en el recinto con la intención de aprobar tratados internacionales, la ley que salda la deuda con holdouts y el “Súper RIGI”.
La Cámara de Diputados inició este miércoles a las 12.26, con la presencia de 129 legisladores sentados en sus bancas, su cuarta sesión del período ordinario (una de ellas fue informativa), con la intención de alejarse del “monotema” que representa la situación del jefe de Gabinete y meterse de lleno en la agenda propia, que incluye en esta oportunidad un proyecto que le interesa sobremanera al oficialismo y forma parte del paquete de normas del Poder Ejecutivo enviado en este período ordinario.
Hablamos del Súper RIGI, pero también está el acuerdo con los holdouts, que tiene que salir sí o sí este miércoles, ya que debe ser formalizada su aprobación antes del 30 de junio. Asimismo estará el tratamiento de cuatro tratados internacionales.
El quórum se alcanzó con tranquilidad, pero sobre el filo del tiempo establecido por Martín Menem de media hora para alcanzar el número para sesionar. Contribuyeron al quórum los diputados del oficialismo, el Pro, la UCR, el MID, el santacruceño José Luis Garrido, Karina Banfi, el bloque Independencia, los sanjuaninos de Producción y Trabajo, Elijo Catamarca y cinco diputados de Innovación Federal (entre los que no estaban los misioneros).
Se prevé una sesión de entre 10 y 12 horas, en la que finalmente se dispuso que se le acepte la renuncia al nuevo vocero presidencial, Adrián Ravier, y asuma su reemplazante, Martín Matzkin.
Hubo además 15 cuestiones de privilegio, 5 homenajes y se esperan pedidos de apartamiento de reglamento para retomar la situación del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, planteándose un encendido debate en torno a cuestiones reglamentarias referidas a la interpelación y moción de censura contra ese funcionario.
Yendo al debate, en primer lugar se debatió un acuerdo para evitar la doble imposición con Francia; un acuerdo sobre pesca ilegal celebrado en Roma en 2009; un convenio de seguridad social con Suiza; y otro con San Marino.
A continuación, fue el turno de los acuerdos de conciliación celebrados entre la Argentina y Branbridge Ltd, y otro con el grupo de acreedores encabezado por Attestor Value Master Fund. La votación resultó con 138 votos afirmativos, 98 negativos y 0 abstenciones.
Este proyecto cuenta con la media sanción del Senado desde el jueves 5 de junio pasado y autoriza el pago de 171 millones de dólares a los tenedores de títulos públicos mencionados. Estos bonistas comenzaron sus demandas en el 2001, pero nunca ingresaron en el acuerdo firmado en 2016 entre el gobierno de Mauricio Macri y la mayoría de los fondos buitre (holdouts).
Por último, se debate la creación del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones en Nuevas Industrias, “Súper RIGI”.
El Súper RIGI tiene el objetivo de atraer inversiones de gran escala en sectores tecnológicos y productivos aún no desarrollados en el país. La iniciativa apunta a ofrecer beneficios fiscales, cambiarios y regulatorios excepcionales, junto con garantías de estabilidad a largo plazo.
Entre los beneficios impositivos que establece este proyecto se encuentran rebajas en impuesto a las Ganancias, amortización acelerada, posibilidad de deducir quebrantos sin límite temporal, créditos fiscales para IVA, exenciones en derechos de exportación e importación, alícuotas especiales en contribuciones patronales y quita de impuestos locales, entre otros.
A la hora del dictamen se introdujeron las modificaciones para obtener adhesiones, incorporándose entre los "objetivos prioritarios" del Súper RIGI el incentivo del "desarrollo de nuevas capacidades técnicas, científicas o tecnológicas que contribuyan al crecimiento y consolidación de Nuevas Industrias en la República Argentina".
En tanto, sobre la definición y acreditación de esas "nuevas actividades económicas", ello se realizará "conforme a los criterios objetivos y parámetros mensurables que se establezcan en" la reglamentación, es decir, lo deja en manos del Poder Ejecutivo.
Sobre el plazo para presentar la solicitud de adhesión al Súper RIGI, que será de 5 años, contados a partir de la entrada en vigencia de la reglamentación de la ley, el PEN podrá prorrogar dicho plazo, por única vez, por un período adicional de hasta un año, a computarse desde el vencimiento del plazo establecido, "mediante decreto fundado en una evaluación previa sobre el desempeño del régimen, que deberá ser publicada en forma simultánea con el decreto que disponga la prórroga".