Además, se insta a Poder Ejecutivo a que declare de “Interés Provincial” esta “trascendental resolución judicial”, considerada “un paso fundamental en la construcción de Memoria, Verdad y Justicia”.
La iniciativa, propuesta por Ruben Eslaiman y Facundo Tignanelli, propone reconocer y declarar de Interés Legislativo “el histórico fallo” emitido por el Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional N° 2 de San Martín, a cargo de la jueza Alicia Vence que, a 70 años de los hechos, que calificó como crímenes de lesa humanidad a “los fusilamientos de José León Suárez” ocurridos el 10 de junio de 1956.
El proyecto también solicita que el Poder Ejecutivo provincial, a través de los organismos competentes, declare de Interés Provincial esta trascendental resolución judicial, considerada un paso fundamental en la construcción de Memoria, Verdad y Justicia.
La sentencia, dictada el pasado 22 de junio en el marco de un Juicio por la Verdad, estableció la responsabilidad del Estado Nacional en la planificación, ejecución y posterior encubrimiento de los hechos ocurridos durante la denominada Revolución Libertadora.
Asimismo, determinó que existió una persecución sistemática contra ciudadanos bonaerenses por motivos políticos, configurando delitos de lesa humanidad.
En el recinto, el diputado y presidente de la bancada de UP Facundo Tignanelli y Rubén Eslaiman, los autores de la iniciativa que busca "saldar una deuda histórica".
“Los fusilamientos de José León Suárez constituyen uno de los episodios más dolorosos de la historia argentina”, según se resalta en los fundamentos de la iniciativa.
“Aquella madrugada de 1956, un grupo de civiles fue detenido ilegalmente y trasladado a un descampado donde se llevaron adelante ejecuciones sumarias; cinco personas fueron asesinadas y otras siete lograron sobrevivir, permitiendo que sus testimonios, junto con la investigación realizada por Rodolfo Walsh en su obra Operación Masacre, sacaran a la luz la verdad de los acontecimientos”, se detalla.
Desde el proyecto se destaca que el fallo judicial “salda una deuda histórica con las víctimas, sus familiares y la sociedad argentina en su conjunto, reafirmando que el paso del tiempo no puede borrar ni justificar los abusos cometidos desde el aparato Estatal”.
Activistas que se llegaron hasta las puertas de donde se desarrollon las audiencias.
Asimismo, los autores de la Declaración advierten que la misma “pone en valor la lucha sostenida durante décadas por familiares y organismos comprometidos con la búsqueda de justicia, cuyo trabajo permitió que, siete décadas después, los hechos fueran reconocidos bajo la categoría jurídica internacional correspondiente”.