Durante una reunión informativa de la Comisión de Legislación Penal de Diputados, en la que también se abordó el proyecto “antibarras” impulsado por el Poder Ejecutivo, se puso sobre la mesa el debate sobre modificaciones a la Ley de Estupefacientes (23.737), con un marcado contrapunto entre iniciativas presentadas por Agustina Propato (Unión por la Patria) y Gisela Scaglia (Provincias Unidas).

Al referirse a su proyecto, Propato manifestó que se llevó una “grata sorpresa” de que se trate el tema: “Bienvenido sea empezar a analizar este asunto”. Yendo al asunto, recordó que ya pasaron más de 15 años desde que se dispuso, en materia de narcomenudeo, “el traspaso de la jurisdicción federal a las jurisdicciones provinciales” y “han adherido 12 provincias”.

“Es evidente que, a partir de la decisión de la desfederalización, en el caso de la provincia de Buenos Aires, pero también lo vemos como un patrón en el resto de las provincias, hubo un sensible aumento de los casos de persecución penal o judicial al narcomenudeo el microtráfico”, señaló.

En este sentido, la legisladora indicó que en 2025 hubo “84 mil causas iniciadas”. “Ir a la persecución penal de la comercialización en menor cuantía, en fraccionamientos menores, a la tenencia, al consumo personal, es evidente que obstruye la posibilidad de seguir el lineamiento de la investigación para llegar a lo que ha sido reservado para el interés federal”, que es delito del narcotráfico, subrayó y pidió “reestablecer el artículo 34 de la ley”.

De la vereda de enfrente, Scaglia dijo que tenía “un proyecto en el sentido contrario”. “En nuestra provincia cuando adherimos los resultados cambiaron abismalmente”, afirmó la exvicegobernadora de Santa Fe y amplió: “Nosotros podemos dar cuenta que esa adhesión nos permitió desde la provincia poder abordar con muchas herramientas, con cambios de leyes, abordar el narcotráfico que tenía como epicentro la ciudad de Rosario”.

“Tenemos que ampliar la desfederalización y hacer que las provincias puedan tener más competencias”, consideró y resaltó que “hay muchos casos que terminan no resolviéndose porque quedan en una especie de limbo entre si le corresponden al fuero federal o provincial”.

También, la presidenta del bloque Provincias Unidas observó que hay “un Poder Judicial Nacional que está desbordado y tampoco puede hacer el trabajo que yo sí creo que puede hacer una provincia”.

Gisela Scaglia (Foto: HCDN)

Sobre su iniciativa, explicó que busca que “las provincias puedan trabajar en la tenencia y comercialización cuando la cantidad de droga sea compatible con la distribución y el menudeo, el cultivo o la siembra a pequeña escala, la tenencia simple para el consumo y figuras del Código Penal relativas a estupefacientes. Pero tomamos un resguardo y es que, siempre que la Nación considere que hay un riesgo inminente de que haya una organización narco-criminal, que haya redes internacionales o que el conflicto sea más complejo, siempre Nación podrá decidir que sea el fuero federal el que siga con la causa”. No obstante, insistió que “muchas veces cargamos a lo federal de temas que podrían ser resueltos por las provincias”.

Al ver las posiciones encontradas, la presidenta de la comisión, Laura Rodríguez Machado (LLA), afirmó: “Vamos a hacer más reuniones porque claramente es un tema que tiene dos enfoques totalmente distintos”.

Al tomar la palabra, el diputado Ramiro Gutiérrez (UP) remarcó que “la política criminal es un conjunto de estrategias, normas y decisiones. No es solo normas. La política criminal en temas federales corresponde al Gobierno nacional, así lo establece la Ley de Ministerios”.

Si bien confirmó que todavía no tenía “una posición sentada” sobre el tema, opinó que el mismo debe debatirse en conjunto con ejes como “el despliegue total de la PFA en los puntos calientes donde el narcotráfico opera; la designación de fiscalías temáticas; y la construcción de cárceles especiales”. “No podemos tratar la desfederalización si no trabajamos en conjunto qué vamos a hacer con los activos del narcotráfico”, agregó.

A su turno, el diputado José Glinski (UP) llamó a “discutir la 23.737 de manera integral”. “Estamos ante una oportunidad”, añadió y sostuvo: “Yo soy de la idea que hay que desnarcotizar la investigación criminal. No veo la correlación directa entre la desfederalización y la baja de homicidios en Rosario. No puede ser que sea un asunto penal la tenencia simple”.

Finalmente, el diputado Matías Molle (UP) expresó que habría que sumar a este debate “una discusión sobre diseño institucional” y el rol de la PFA; en tal sentido recordó que existen proyectos de creación de una agencia de criminalidad compleja, por ejemplo.