A más de un año de su envío al Congreso, se retomó este miércoles el debate del proyecto de “ley antibarras”, que lleva el nombre formal de “Régimen para la prevención y represión de delitos en espectáculos deportivos”, impulsado por el Poder Ejecutivo.

La reunión informativa, a la que asistió un enviado del Ministerio de Seguridad, fue en el marco de la Comisión de Legislación Penal, donde también -por otra parte- se dio puntapié al debate sobre una reforma a la Ley de Estupefacientes.

Al comenzar su exposición, Germán Pugnaloni, director Nacional de Normativa y Relacionamiento con los Poderes Judiciales y Ministerios Públicos, aseguró que “el actual régimen (Ley 23.184) es insuficiente a las realidades que corren y las dinámicas delictivas del crimen organizado, que utiliza al ámbito deportivo, no solo del fútbol”.

En tal sentido, dijo que hay “grupos organizados y organizaciones criminales que utilizan al fútbol como a una unidad más del negocio criminal. Por eso, creemos que debe ampliarse el concepto de vinculación de la actividad criminal con la actividad deportiva”.

Según el funcionario, el proyecto se trata de “una ley moderna que viene a recopilar la normativa existente en la regulación de la materia”. “Actualmente se encuentra vigente la Ley 23.184, que regula los delitos cometidos en el ámbito de espectáculos deportivos. Es una ley del año 1985, que ya tiene más de 40 años y que ha sufrido una serie de reformas a lo largo de los años y las distintas gestiones de gobierno”, explicó.

“Nosotros consideramos que es necesaria la reforma y la definición de un nuevo régimen de prevención y sanción de delitos en el ámbito del deporte, ya que el derecho penal debe intentar prevenir situaciones que tienen que ver con el conflicto social”, continuó Pugnaloni.

En ese aspecto, el representante del Ministerio de Seguridad apuntó que “el conflicto social es dinámico y las modalidades delictivas también van avanzando y se van modernizando”. “Por tanto, creemos en la necesidad de un régimen que prevea y que tenga en consideración estas nuevas dinámicas delictivas y esta nueva forma de actuación por parte del delito, de los delincuentes, de una manera absolutamente más compleja, dinámica y organizada”.

El funcionario afirmó que “no se trata de un proyecto que solamente permite el agravamiento de las penas”, sino que “hace una reformulación de la normativa vigente” y “transforma en muchos casos algunas conductas que estaban siendo contempladas como contravenciones y las pasa a la consideración como delitos”.

Antes de explicar el articulado, Pugnaloni mencionó que se avanza sobre la ampliación del ámbito de aplicación y definiciones; la incorporación de responsabilidad de directivos de clubes; y la incorporación de un artículo al Código Penal “de agravante genérico para todo delito que se cometa vinculado a la realización de un espectáculo deportivo”.

“La ley tiene un enfoque muy marcado en lo que es la asociación ilícita, si bien se mantienen las previsiones del Código Penal”, remarcó.

Al momento de la intervención de los diputados, Juan Carlos Molina (UP) resaltó que “lo penal no es preventivo. Lo penal es penal. Hay otras instancias para lo preventivo. Me preocupa un Estado cada vez más punitivo y más policial; pero además la sensación es un Estado paralelo para ir a ver un partido de fútbol. No se está penando el delito, sino penalizando el ámbito”.

Además, el legislador consideró que el debate de este tema está vinculado al impulso de las SAD por parte del Gobierno y lanzó: “Tengo la sensación que se está buscando cómo meter preso al ‘Chiqui’ Tapia, más que prevenir, cuidar o tener una mirada social de las canchas de fútbol”.

Por su parte, el diputado Horacio Pietragalla (UP) advirtió sobre la “estigmatización” de los hinchas de fútbol y alertó que “quieren legalizar la potestad del Ministerio de Seguridad de decidir quién entra y quién no a la cancha. Entonces, si yo soy kirchnerista hasta la médula, y tengo la camiseta de San Lorenzo, y voy a una protesta a favor de los jubilados, de despedidos o de los discapacitados, el Ministerio de Seguridad me va a sacar la potestad de ir a la cancha. Esto es arbitrario totalmente, sacan la potestad de un derecho cívico”.

En tanto, el legislador José Glinski (UP) cuestionó que se convoque a debatir “caramelitos de madera” cuando desde el Gobierno “anunciaron con bombos y platillos una reforma del Código Penal”. “Esta ley tiene cosas de la Ley Antimafia otra vez… ¿Vamos a aplicar el código antimafia de los italianos para cualquier cosa?”, agregó, en referencia a la disposición de penar a una persona por el mero hecho de pertenecer a una asociación ilícita.

Tras responder a los legisladores, el funcionario aseveró que “esto bajo ningún punto de vista pretende estigmatizar al deporte ni al hincha. Por el contrario, las familias hinchas tienen que estar más tranquilas con una ley que realmente no prevea sanciones irrisorias, inexistentes, sino que prevea conductas que nosotros consideramos que son graves y deben ser sancionadas y no con penas bajísimas o considerándolas una contravención”.

De acuerdo al proyecto se elevan penas de uno a cuatro años al que dañare muebles o inmuebles de un espectáculo deportivo; de tres a seis años al que porte y/o ingrese con armas de blancas; de cuatro a ocho años al que ingrese con elemento inflamable y de cinco a diez años al que porte o ingrese con arma de fuego. En el mismo artículo, establece que las penas contemplarán a los dirigentes de los clubes en caso de connivencia comprobada o colaboración.

También, cuando dos o más personas ocasionen la suspensión del partido mediante el empleo de la violencia tendrán una pena de tres a seis años; y de cinco a doce años de prisión, si la interrupción se ocasionara con el uso de armas de fuego.

Para los casos de distribución ilegal de entradas habrá penas de dos a seis años; y de dos a seis para quienes revendan entradas de procedencia irregular. Cuando un dirigente estuviese involucrado, la pena será de tres a ocho años de prisión.

Otro punto contempla a los conocidos “trapitos”: habrá penas de uno a dos años para quienes oficien de “cuidacoches”, elevadas de tres a cinco cuando estos exijan una suma de dinero a cambio del cuidado del rodado.

La restricción perimetral de acercamiento a un estadio de fútbol será de 1.000 metros. En caso de no respetar la inhabilitación judicial, la pena irá de los tres a los cinco años.