Consideran que estas “ocupaciones urbanas” dejaron de ser conductas aisladas para transformarse en estructuras organizadas que delimitan y administran el espacio público.
El bloque del PRO en la Cámara de Senadores de la provincia de Buenos Aires impulsó un proyecto de ley que busca modificar el Código de Faltas provincial para sancionar con penas de arresto a quienes ejerzan la actividad de "trapito", limpiavidrios o cuidacoches sin autorización legal en la vía pública.
La iniciativa fue presentada por el senador bonaerense Guillermo Montenegro, intendente en uso de licencia de General Pueyrredón, que fundamentó la reforma bajo la premisa de que “estas ocupaciones urbanas dejaron de ser conductas aisladas para transformarse en estructuras organizadas que delimitan y administran sectores enteros del espacio público”.
El expediente propone reformar de manera integral cinco artículos del decreto ley 8031/73, el actual Código de Faltas que rige en la provincia de Buenos Aires.
El senador marplatense Guillermo Montenegro que tiene su propia disputa en "La Feliz" con las practicas de los trapitos y cuidacoches.
El núcleo del cambio legislativo radica en la tipificación de sanciones directas de arresto para los infractores; a su vez, el articulado dictamina de forma taxativa que la conducta será punible aun cuando la retribución económica se presente bajo la modalidad de contribución voluntaria por parte del conductor.
Por otra parte, el proyecto contempla castigos específicos para quienes restrinjan la libre circulación u ocupen cajones de estacionamiento mediante el empleo de conos, vallas, sogas, cadenas, cajones o carteles.
Estas prácticas, habituales en áreas comerciales y gastronómicas bonaerenses, serán penalizadas como obstrucciones deliberadas a la vía pública.
La normativa diseñada por el senador opositor establece un riguroso esquema de agravantes que incrementan las penas de detención; el endurecimiento penal se aplicará en casos donde se registren situaciones de intimidación, amenazas, hostigamiento o insistencia indebida hacia los conductores.
Asimismo, el texto agrava la falta cuando se verifique el aprovechamiento de la vulnerabilidad del automovilista, la reincidencia del infractor, el ocultamiento de la identidad, la portación de armas impropias o la acción coordinada de dos o más personas.
Finalmente, la reforma fija la mirada regulatoria sobre las cúpulas de estas actividades urbanas. Se estipulan sanciones más severas para los eslabones superiores que organicen, administren, coordinen o financien estos esquemas de recaudación ilegal.
En paralelo, el proyecto faculta la inmediata intervención de los organismos competentes frente a sospechas de connivencia de funcionarios públicos o fuerzas de seguridad, y dispone severas sanciones económicas para clubes e instituciones que promuevan o exploten este negocio en eventos masivos.