Las reformas electorales rara vez se limitan a modificar la forma en que votamos. Su verdadero impacto suele producirse mucho antes, cuando alteran las reglas que determinan quiénes tendrán la posibilidad de competir por el poder. Por eso, el debate sobre la eliminación de las PASO no puede reducirse al ahorro fiscal ni a la conveniencia coyuntural del oficialismo o de la oposición.

La verdadera pregunta es otra: ¿quién elegirá a los que después elegiremos todos?

Las PASO fueron objeto de críticas atendibles. En muchos distritos se transformaron en una formalidad cuando las fuerzas políticas presentaban listas únicas y su costo económico fue significativo. Es legítimo discutir su eficacia e incluso su continuidad. Pero sería un error analizar su eliminación de manera aislada, porque también ordenaban la vida interna de los partidos y permitían que las disputas por el liderazgo y el rumbo político encontraran un cauce institucional mediante el voto ciudadano.

Toda democracia representativa atraviesa tres momentos decisivos: la selección de quienes competirán, la campaña electoral y la elección de los representantes. Solemos concentrarnos únicamente en esta última, pero la calidad de una democracia comienza mucho antes de que el ciudadano ingrese al cuarto oscuro. El poder de seleccionar candidaturas no desaparece cuando se eliminan las PASO. Simplemente deja de estar, aunque sea parcialmente, en manos de la ciudadanía para volver a concentrarse en las estructuras partidarias. La competencia no desaparece; se traslada al interior de los partidos, donde las candidaturas vuelven a depender de las conducciones y de las negociaciones entre dirigentes.

La discusión, sin embargo, ya no gira únicamente en torno a las PASO. También alcanza a los mecanismos de adhesión de listas y a las colectoras. La arquitectura que hoy se debate —listas legislativas diferenciadas que aportan votos a una misma candidatura presidencial— reintroduce una vieja lógica de acumulación electoral que el sistema argentino ya conoció. No es casual. Las listas colectoras habían sido restringidas en el ámbito nacional precisamente por el riesgo de generar confusión en el electorado y distorsionar la competencia política. Que hoy reaparezcan bajo otras denominaciones demuestra que la lógica de acumulación del poder suele imponerse, una vez más, sobre los principios que justificaron su limitación.

Allí aparece la gran paradoja de esta reforma. La Boleta Única Papel fue incorporada para simplificar el acto electoral, brindar mayor transparencia y facilitar la comprensión de la oferta política. Pero si esa herramienta convive con un sistema que incentiva colectoras, adhesiones y múltiples estructuras partidarias detrás de una misma candidatura, el resultado puede ser exactamente el inverso. Se simplifica el instrumento para votar, pero se complejiza el sistema que determina qué opciones llegan a esa boleta. En otras palabras, la claridad de la boleta difícilmente pueda compensar la opacidad en la construcción de la oferta electoral. Ningún instrumento de votación, por transparente que sea, puede corregir un sistema que vuelve menos transparente el proceso mediante el cual se construyen las candidaturas. La transparencia democrática no depende únicamente de cómo se emite el voto, sino también de la claridad con la que se construye la representación política.

La Constitución Nacional ofrece una pauta que no debería pasar inadvertida. El artículo 38 reconoce a los partidos políticos como instituciones fundamentales del sistema democrático y garantiza su organización y funcionamiento democráticos. Esa exigencia no se satisface con la mera existencia formal de los partidos. También interpela la forma en que seleccionan a quienes luego pretenden representar a toda la ciudadanía. Cuando un mecanismo legal desplaza esa definición hacia negociaciones cada vez más concentradas en las conducciones partidarias, el debate deja de ser exclusivamente político para adquirir una evidente dimensión constitucional.

La experiencia con la Ley de Lemas ya transitó este camino en varias provincias: proliferación de sublemas, creciente complejidad para el electorado y mayor concentración del poder en las dirigencias que administraban ese sistema. La mayoría de esas jurisdicciones terminó abandonándolo. A diferencia de aquellos antecedentes provinciales, una eventual reforma del Código Electoral Nacional reabre inevitablemente el debate sobre el alcance del artículo 38 de la Constitución y sobre los estándares democráticos que deben regir la selección de candidaturas.

No sería serio afirmar que estas reformas conducirán, por sí solas, a un sistema de partido único. Pero tampoco sería responsable ignorar que pueden favorecer una creciente concentración del acceso a la competencia política. Las democracias no pierden necesariamente su pluralismo de un día para otro. Con frecuencia lo conservan en las formas mientras lo debilitan en su funcionamiento. Siguen existiendo partidos, elecciones y campañas, pero cada vez menos actores tienen posibilidades reales de disputar el poder. Las democracias rara vez pierden la competencia política de manera abrupta. Casi siempre la van resignando lentamente, a través de reformas que, consideradas aisladamente, pueden parecer razonables, pero que, en conjunto, terminan alterando el equilibrio sobre el que descansa el sistema representativo. Ese es el riesgo que toda reforma electoral debería evitar.

Las reglas electorales deberían diseñarse pensando en las próximas generaciones y no en la próxima elección. Porque las democracias no empiezan el día en que los ciudadanos introducen una boleta en la urna. Empiezan mucho antes, cuando una sociedad decide quiénes tendrán la posibilidad de competir. Y esa, mucho más que la eliminación de una elección primaria es la verdadera discusión institucional que hoy tiene la Argentina.