Los diputados nacionales Maximiliano Ferraro y Mónica Frade presentaron un proyecto de resolución para que la Cámara de Diputados declare la nulidad absoluta e insanable del Decreto de Necesidad y Urgencia 366/2025, firmado por el Poder Ejecutivo para modificar el régimen de otorgamiento de la ciudadanía argentina. La iniciativa fue girada a las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Población y Desarrollo Humano.

La propuesta se apoya en el reciente fallo de la Cámara Nacional Electoral dictado el 30 de junio de 2026 en la causa “Yang, Liping s/nacionalidad y ciudadanía – solicitud de carta de ciudadanía”, en el que se declaró la nulidad del decreto por considerar que reguló una materia excluida de las facultades excepcionales del Poder Ejecutivo previstas en el artículo 99 inciso 3 de la Constitución Nacional.

Según explican los autores, el DNU transfirió la competencia para otorgar la ciudadanía argentina desde los jueces federales hacia la Dirección Nacional de Migraciones. Para Ferraro y Frade, esa modificación afecta directamente el régimen de ciudadanía y, por lo tanto, el ejercicio de los derechos políticos, cuestión que integra la materia electoral y debe ser tratada exclusivamente por el Congreso.

En los fundamentos, los legisladores sostienen que la ciudadanía no constituye un mero estatus administrativo, sino el vínculo jurídico que habilita a las personas a participar de la vida política mediante el sufragio. Por esa razón, consideran que cualquier cambio en las reglas para acceder a la ciudadanía debe ser debatido y aprobado por los representantes del pueblo y no mediante una decisión unilateral del Poder Ejecutivo.

El proyecto también argumenta que el Gobierno no acreditó la existencia de circunstancias excepcionales que impidieran recurrir al trámite legislativo ordinario. De acuerdo con la interpretación de la Cámara Nacional Electoral citada en la iniciativa, las razones invocadas para dictar el decreto respondían a criterios de oportunidad, mérito y conveniencia política, aspectos que corresponden al ámbito del debate parlamentario.

Ferraro y Frade afirman además que el Congreso debe asumir un papel más activo en el control de los decretos de necesidad y urgencia. En ese sentido, cuestionan el funcionamiento actual del sistema previsto por la Ley 26.122 y plantean la necesidad de avanzar en reformas que fortalezcan el control legislativo sobre este tipo de normas excepcionales.

Para los autores, la declaración de nulidad propuesta busca respaldar institucionalmente el criterio fijado por la Justicia y reafirmar principios como la división de poderes, la deliberación parlamentaria y la soberanía popular. Según sostienen, la defensa de las competencias del Congreso constituye una garantía esencial para que las reglas fundamentales del sistema democrático sean definidas a través de los mecanismos de representación previstos por la Constitución.