Luego de los polémicos dichos de la vicejefa de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Clara Muzzio, respecto de la Educación Sexual Integral (ESI), los legisladores de Confianza y Desarrollo (CyD), Unión Cívica Radical (UCR) y Fuerza por Buenos Aires (FxBA) impulsaron en la Legislatura porteña un proyecto de resolución para recibir información acerca de la implementación de esa área educativa en las escuelas del distrito capitalino.

En ese sentido, los diputados exigieron conocer si "las políticas de salud sexual y reproductiva del Ministerio de Salud responden a los lineamientos expresados públicamente por la vicejefa de Gobierno de la Ciudad" en sus redes sociales y los "fundamentos técnicos, sanitarios o pedagógicos que justifican dicha alineación, así como su impacto en las políticas vigentes". Además, pidieron que se precise los objetivos, programas, prestaciones y población destinataria de este tipo de políticas públicas.

Sobre esa misma línea, buscarán obtener detalles acerca de si la política de salud sexual y reproductiva se limita a garantizar el acceso a la Interrupción Voluntaria y Legal del Embarazo (IVE/ILE) o si comprende, conforme al enfoque de "prevención combinada" promovido por la propia Ciudad, la provisión de preservativos, testeo, profilaxis pre y post exposición (PrEP y PPE), diagnóstico, tratamiento y demás acciones de prevención de infecciones de transmisión sexual.

También pidieron información sobre el crecimiento de enfermedades de transmisión sexual,  la entrega de insumos para prevenirlas y la cantidad de personas que fueron atendidas por estos motivos en los dispositivos de salud del Gobierno porteño. También, solicitaron precisiones sobre la cantidad de consejerías de salud sexual y reproductiva en escuelas y Centros de Salud y Acción Comunitaria (CeSAC) porteños que dejaron de funcionar o redujeron su frecuencia desde el 2024 a la fecha.

Sobre esa misma línea, los diputados le solicitarán al Gobierno detalles sobre los lineamientos, criterios pedagógicos y objetivos que actualmente orientan la implementación de la Educación Sexual Integral (ESI) en los establecimientos educativos de la Ciudad y qué evidencia técnica, pedagógica o estadística sustenta las modificaciones o cuestionamientos formulados públicamente respecto de dicha política. También pidieron conocer que reformas curriculares, metodológicas o de capacitación docente implementó o prevé implementar el Ministerio para fortalecer la ESI, entre otros puntos.

En los fundamentos de la iniciativa, desde las diferentes bancadas apuntaron contra Clara Muzzio por sus dichos. "Estas declaraciones no son menores. No fueron pronunciadas por una ciudadana o dirigente sin responsabilidades de gestión, sino por quien ocupa el segundo cargo más alto del Poder Ejecutivo de la Ciudad. Cuando una funcionaria de ese rango institucional deslegitima una ley vigente y sugiere que su implementación debería 'revisarse', el problema deja de ser una opinión personal para convertirse en una señal política sobre el rumbo que el Ejecutivo porteño podría estar dándole –o pretender darle en el futuro– a una política pública con marco legal expreso", señalaron.

A la vez que precisaron que "la ESI no es un contenido optativo ni una construcción ideológica de un sector político: es una política de Estado con casi dos décadas de desarrollo, sustentada en evidencia respecto de sus efectos positivos en la prevención del embarazo no intencional en la adolescencia, la detección temprana de situaciones de abuso, la reducción de la violencia de género y el fortalecimiento de
vínculos basados en el respeto y el consentimiento. Poner en duda su legitimidad o atribuirle responsabilidad exclusiva por el aumento de infecciones de transmisión sexual (ITS) desde un cargo de Gobierno, sin contrastarlo con la evidencia comparada, no solo desinforma, sino que deja en un lugar de desprotección institucional a niños, niñas y adolescentes que hoy acceden a esa educación como derecho".

"Frente a manifestaciones de esta naturaleza, la Legislatura tiene la responsabilidad institucional de conocer si se trata de una opinión estrictamente personal de la funcionaria o si, por el contrario, expresa –o anticipa– un cambio real en la política pública que se está ejecutando desde los distintos ministerios de la Ciudad. Resulta imprescindible saber, en consecuencia, si existen datos que avalen las afirmaciones de la vicejefa sobre los efectos atribuidos a la ESI, en particular en relación con el aumento de ITS; si se están tramitando denuncias o sanciones a docentes vinculadas a hechos concretos, más allá de la enunciación genérica de 'barbaridades'; si los Ministerios de Educación y de Salud comparten esa caracterización de la ley vigente; y si, en los hechos, se están introduciendo restricciones –formales o informales– a su dictado en las aulas porteñas, lo cual configuraría un apartamiento de una obligación legal", completaron.

La iniciativa lleva las firmas de Emmanuel Ferrario, Edgardo Alifranco, Sebastián Nagata, Graciela Ocaña, Horacio Rodríguez Larreta, Guadalupe Tagliaferri (CyD), Manuela Thourte (UCR) y Claudia Neira (FxBA).