El presidente del bloque radical del Senado propone un nuevo sistema de designación de sus autoridades de la OA, mayores facultades de investigación y control, y reformas a la Ley de Ética Pública orientadas a fortalecer la transparencia y la independencia de los mecanismos de lucha contra la corrupción.
El presidente del bloque radical en el Senado, Eduardo Vischi, presentó un proyecto de ley destinado a crear una nueva Oficina Anticorrupción con rango de organismo extrapoder, dotada de independencia institucional, financiera y técnica para prevenir, investigar y controlar hechos de corrupción en el ámbito del Estado nacional.
La propuesta plantea que el organismo tenga personería jurídica propia, patrimonio propio y legitimación procesal, con la misión de velar por el cumplimiento de las convenciones internacionales contra la corrupción suscriptas por la Argentina, además de supervisar la ética pública y el patrimonio de los funcionarios nacionales.
Entre sus atribuciones se incluyen la recepción de denuncias, la promoción de investigaciones de oficio, la posibilidad de actuar como querellante en causas judiciales vinculadas con delitos contra la administración pública, el control de declaraciones juradas y la elaboración de programas de prevención de la corrupción y promoción de la transparencia.
Uno de los puntos centrales del proyecto es el mecanismo de designación del titular del organismo. El director nacional sería elegido mediante un concurso público de antecedentes y oposición. Tras una consulta pública a universidades nacionales y organizaciones especializadas en transparencia, el Poder Ejecutivo elevaría una terna al Senado, que tendría la decisión final mediante audiencia pública y mayoría absoluta de sus miembros. El mandato sería de seis años y no coincidiría con el período presidencial.
La iniciativa también fija estrictos requisitos e incompatibilidades para los postulantes, excluyendo a quienes hayan ocupado cargos electivos o partidarios en los cuatro años previos, así como a personas vinculadas recientemente con empresas contratistas del Estado.
En materia presupuestaria, el proyecto busca asegurar la autonomía financiera del organismo. Para ello establece una partida específica no inferior al 0,05% de los gastos corrientes previstos en el Presupuesto Nacional, la cual no podría ser reducida ni reasignada por el Poder Ejecutivo. Además, la Oficina podría financiarse con fondos recuperados en causas de corrupción y con aportes o donaciones destinados a sus objetivos institucionales.
La propuesta incorpora además modificaciones a la Ley de Ética Pública. Entre los cambios previstos figura la prohibición para los funcionarios de utilizar sus redes sociales personales para promocionar productos, servicios o empresas, estableciendo que las manifestaciones realizadas durante el ejercicio de sus funciones serán consideradas parte de una acción oficial.
En los fundamentos, Vischi sostiene que la actual dependencia de la Oficina Anticorrupción respecto del Poder Ejecutivo constituye una debilidad institucional y argumenta que los compromisos internacionales asumidos por la Argentina exigen la existencia de organismos especializados con independencia suficiente para combatir la corrupción de manera efectiva. Asimismo, afirma que el proyecto busca fortalecer la confianza pública en las instituciones y garantizar que los órganos de control actúen sin conflictos de interés.