Pedido de informes para que el Poder Ejecutivo detalle los fundamentos jurídicos, institucionales, presupuestarios y administrativos que motivaron la supresión del Ministerio del Interior dispuesta por el DNU 571/2026. También cuestionan la concentración de funciones en la Jefatura de Gabinete y reclama precisiones sobre el destino del personal y los recursos del área.
La diputada nacional Roxana Monzón presentó un proyecto de resolución para solicitar al Poder Ejecutivo información detallada sobre la supresión del Ministerio del Interior y la reforma de la Ley de Ministerios dispuesta a través del Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 571/2026. La iniciativa fue girada a la Comisión de Asuntos Constitucionales.
El proyecto requiere que la Jefatura de Gabinete informe en un plazo de diez días hábiles cuáles fueron las razones que justificaron la eliminación de esa cartera y por qué el Gobierno optó por la vía del DNU en lugar de impulsar una reforma legislativa a través del Congreso. La diputada pregunta además por qué no era posible aguardar el trámite parlamentario ordinario para modificar la estructura ministerial.
Entre los principales puntos del pedido de informes figura el destino del personal de planta permanente, transitoria y contratado que se desempeñaba en el Ministerio del Interior, así como la reasignación de los créditos presupuestarios correspondientes a esa jurisdicción. También solicita conocer el impacto fiscal derivado de la creación de las nuevas figuras de Vicejefe de Gabinete y Vicejefe de Gabinete del Interior, además de las secretarías de Vocería Presidencial y de Comunicación y Medios, ambas con rango ministerial.
La legisladora reclama asimismo precisiones sobre cómo se garantizará el funcionamiento de organismos dependientes del ex Ministerio del Interior, como el Registro Nacional de las Personas (Renaper), la Dirección Nacional Electoral y el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI), luego de su transferencia a la órbita de la Jefatura de Gabinete.
Otro de los planteos apunta a la concentración de atribuciones en la figura del jefe de Gabinete, que ahora reúne la relación con las provincias, la administración general del país y el control sobre la ejecución presupuestaria. Monzón solicita conocer si el Poder Ejecutivo evaluó los efectos institucionales de esa reorganización sobre el sistema de pesos y contrapesos y las relaciones entre la Nación y las provincias.
En los fundamentos del proyecto, la diputada sostiene que la sola invocación de “razones de gestión” no parece suficiente para justificar una medida de esta magnitud mediante un DNU. También expresa preocupación por la concentración en la Vicejefatura de Gabinete del Interior de funciones vinculadas al enlace parlamentario y a la conducción de áreas relacionadas con la reforma política y la administración electoral.
Asimismo, recuerda un reciente fallo de la Cámara Nacional Electoral que declaró la nulidad de otro DNU por considerar que argumentos vinculados con la eficiencia administrativa no constituyen circunstancias excepcionales que habiliten el uso de esa herramienta constitucional. Por ese motivo, solicita al Gobierno que explique por qué entiende que el DNU 571/2026 no se encuentra alcanzado por ese criterio judicial.
Finalmente, Monzón sostiene que el Congreso debe contar con toda la información necesaria para evaluar los alcances institucionales, presupuestarios y administrativos de una reforma que elimina una cartera histórica y redefine la estructura del Poder Ejecutivo nacional.