El proyecto obliga al Gobierno a ejecutar un plan de recuperación de infraestructura y material rodante, garantiza la intangibilidad de los fondos destinados al sector y refuerza el control del Congreso sobre la seguridad, las concesiones, el empleo y el futuro de las empresas ferroviarias estatales.
El senador nacional Jorge Capitanich presentó un proyecto de ley para declarar la emergencia pública en infraestructura y seguridad ferroviaria nacional por el término de tres años, con el objetivo de garantizar la seguridad operativa del sistema, preservar la integridad de usuarios y trabajadores, y recuperar la infraestructura y el material rodante de la red ferroviaria argentina.
La iniciativa, acompañada por los senadores Marcelo Lewandowski y Ana Marks, abarca tanto los servicios de pasajeros como de cargas de jurisdicción nacional y busca otorgar rango legal a la emergencia ferroviaria que actualmente se encuentra vigente por decisiones del Poder Ejecutivo.
Entre sus principales puntos, el proyecto obliga al Gobierno a elaborar en un plazo de 60 días un Plan de Recuperación de la Infraestructura y Seguridad Ferroviaria. Ese programa deberá incluir un relevamiento integral del estado de vías, puentes, sistemas de señalamiento y material rodante; un cronograma de obras con metas verificables y presupuesto asignado; y la implementación de sistemas de seguridad, incluido el frenado automático en las líneas que corresponda.
La propuesta también prohíbe la denominada “canibalización” de trenes, es decir, la extracción de piezas de una formación para mantener operativa otra, cuando ello comprometa la trazabilidad técnica o los estándares de seguridad establecidos por los fabricantes. Asimismo, ordena realizar auditorías sobre el material rodante detenido en talleres y depósitos y establece restricciones para el desguace o venta de unidades ferroviarias recuperables pertenecientes al Estado.
En materia presupuestaria, el texto dispone que los fondos destinados a la emergencia ferroviaria sean intangibles y no puedan ser reasignados a otros fines. Además, exige informes trimestrales sobre la ejecución de las partidas, discriminados por empresa, línea ferroviaria y tipo de obra.
Otro capítulo relevante prevé una revisión integral de las concesiones ferroviarias de cargas para verificar el cumplimiento de las obligaciones de inversión, mantenimiento y seguridad por parte de las empresas concesionarias. Los resultados de esas auditorías deberán ser remitidos al Congreso junto con recomendaciones sobre la continuidad, renegociación o eventual rescisión de los contratos.
La iniciativa también contempla la protección de los puestos de trabajo ferroviarios y prohíbe durante la emergencia el cierre definitivo de ramales de pasajeros sin autorización del Congreso. En la misma línea, impide que el Poder Ejecutivo avance en privatizaciones o transferencias al sector privado de las empresas ferroviarias estatales sin una ley específica que lo autorice.
Para supervisar la implementación de la norma, el proyecto crea una Comisión Bicameral de Seguimiento de la Emergencia Ferroviaria integrada por ocho senadores y ocho diputados. Entre sus funciones estarán el control del cumplimiento del plan de recuperación, el análisis de la ejecución presupuestaria y el seguimiento de las auditorías sobre las concesiones de cargas.
En los fundamentos, Capitanich sostiene que la situación crítica del sistema ferroviario fue reconocida por el propio Gobierno nacional al declarar la emergencia mediante el DNU 525/2024 y posteriormente al prorrogarla. Sin embargo, argumenta que la ejecución de las inversiones comprometidas resultó insuficiente y cita informes de la Auditoría General de la Nación que detectaron deficiencias de mantenimiento y control, especialmente en la línea San Martín.
El senador también menciona denuncias y relevamientos de trabajadores ferroviarios sobre el deterioro del material rodante, la falta de mantenimiento adecuado y la utilización de repuestos extraídos de otras formaciones. Además, recuerda antecedentes como la tragedia de Once de 2012 y el choque de trenes ocurrido en Palermo en mayo de 2024 para sostener la necesidad de que el Congreso otorgue rango legal a la emergencia y ejerza un control directo sobre su ejecución.