El exdiputado cuestiona la política de ajuste del Gobierno de Javier Milei y sostiene que la administración libertaria lleva adelante un “shutdown en cuotas”, mediante el desfinanciamiento progresivo de áreas sensibles del Estado.
Hace pocas horas, la diputada nacional Natalia de la Sota, peronista y de Córdoba, presentó una denuncia contra el Ministro de Salud de la Nación, Mario Lugones, quien se estaría negando a cumplir con el financiamiento de prestaciones básicas para personas con discapacidad que viven en condiciones sociales precarias.
Antes, el Juzgado Federal N° 3 de Córdoba, a cargo del juez Hugo Vaca Narvaja, había ordenado normalizar pagos para asegurar las prestaciones mínimas que requieren personas con discapacidad beneficiarias de pensiones no contributivas, mediante los programas Incluir Salud y PAMI.
Pero esta administración nacional, como es su costumbre, ni siquiera acata las decisiones judiciales.
Precisamente en el mismo momento en que De la Sota presentaba su denuncia, el presidente Javier Milei anunciaba con disfrute que “apenas se agota el presupuesto, se apaga el Estado”, una estrategia que se aplica en Estados Unidos, bajo el nombre de “shutdown”, cuando el gobierno no logra que el Congreso apruebe el Presupuesto o la autorización para algún gasto en especial.
Lo que el Presidente no dice es que él mismo ya viene apagando el Estado cada día, por razones ideológicas y no por restricciones fiscales objetivas.
Como ningún otro gobierno de la democracia, el de La Libertad Avanza se negó a tener presupuestos actualizados durante sus dos primeros años de gestión.
Y al presupuesto del tercer año, 2026, ya lo desguazó apenas terminó el primer cuatrimestre, mediante una Decisión Administrativa del ex jefe de Gabinete, Manuel Adorni.
Paralizó la obra pública, desfinanció las universidades, eliminó recursos para el transporte colectivo en las provincias, quitó el fondo de incentivo docente, abandonó las rutas nacionales, desfinanció la adquisición de medicamentos, el PAMI, los parques nacionales y hasta los bomberos.
A las provincias les recortó el 65% de sus recursos en dos años. Y ya en el primer semestre de este año, les comió el 61%.
En lugar de apagar el Estado de una sola vez, el Gobierno lo hace por etapas, área por área, política por política. Lo viene apagando en cuotas.
Natalia de la Sota lo expuso sin tapujos; por eso los denunció. No hay forma más repudiablemente cruel de “cerrar el Estado” que negarse a financiar la compra de alimentos, remedios o pañales para personas pobres con discapacidad. No tienen perdón.
Alejandro “Topo” Rodríguez es director del Instituto Consenso Federal