El cierre parcial de la administración federal por falta de acuerdo presupuestario es una característica del sistema político estadounidense que ha provocado varias crisis institucionales en las últimas décadas. El presidente Milei adelantó su intención de mandar al Congreso para implementar un sistema similar en nuestro país.
Cada vez que en Estados Unidos se discute el presupuesto federal reaparece una palabra que genera preocupación en la política y los mercados: shutdown. Se trata del cierre parcial o total de la administración federal cuando el Congreso y el presidente no logran acordar a tiempo las leyes que autorizan el financiamiento del gobierno. En esos casos, numerosas actividades estatales dejan de funcionar temporalmente y cientos de miles de empleados públicos son licenciados o continúan trabajando sin percibir sus salarios hasta que se resuelve el conflicto.
La particularidad y lo que ha generado que los argentinos le pongamos atención a este sistema vigente en el país del norte es que nuestro presidente ha dicho los últimos días que tiene como objetivo aplicar esa cláusula en nuestro país.
El shutdown no es una decisión política deliberada ni una medida económica destinada a reducir el gasto, sino la consecuencia institucional de la falta de aprobación de los fondos necesarios para el funcionamiento del Estado federal. La legislación estadounidense impide que muchas agencias continúen gastando dinero sin una autorización presupuestaria vigente.
Cuando se produce un shutdown, se suspenden actividades consideradas no esenciales, cierran parques nacionales, museos y diversas oficinas federales, mientras que otros servicios continúan operando por razones de seguridad o protección de la población. Entre ellos figuran las Fuerzas Armadas, el control aéreo, las cárceles federales y varias funciones vinculadas con la seguridad pública y la salud.
Los principales antecedentes en Estados Unidos
Aunque hubo interrupciones presupuestarias anteriores, los shutdowns comenzaron a producirse de manera sistemática a partir de 1980, cuando una interpretación jurídica obligó a las agencias federales a cesar actividades no esenciales ante la falta de financiamiento aprobado por el Congreso.
Entre los episodios más importantes figuran los ocurridos durante la presidencia de Bill Clinton en 1995 y 1996. En ese período se registraron dos shutdowns, uno de los cuales se extendió durante 21 días como consecuencia de una disputa entre la Casa Blanca y el Congreso respecto de la política de gasto público.
Otro caso emblemático fue el de 2013, durante la administración de Barack Obama. El cierre parcial del gobierno se prolongó durante 16 días y estuvo asociado a la controversia política generada por la implementación de la reforma sanitaria conocida como Obamacare.
Más recordado aún fue el shutdown de 2018-2019, durante el primer mandato de Donald Trump. En aquella oportunidad el conflicto giró en torno a los fondos destinados a la construcción de un muro en la frontera con México y derivó en un cierre gubernamental que duró 35 días.
Según los registros más recientes, el shutdown federal completo más extenso ocurrió entre el 1 de octubre y el 12 de noviembre de 2025, durante la segunda presidencia de Trump. El conflicto se originó por desacuerdos presupuestarios entre republicanos y demócratas y se prolongó durante 43 días.
Los shutdowns federales comenzaron a producirse de manera efectiva a partir de 1980, cuando una interpretación jurídica estableció que las agencias federales debían suspender sus actividades no esenciales si el Congreso no aprobaba los fondos necesarios.
¿Podría ocurrir algo similar en la Argentina?
La respuesta corta es que resulta muy poco probable.
La principal diferencia radica en el sistema presupuestario. Mientras que en Estados Unidos la falta de aprobación de las partidas puede impedir legalmente que numerosas agencias continúen gastando recursos, en la Argentina existen mecanismos que permiten mantener el funcionamiento del Estado aun cuando no haya una nueva ley de Presupuesto.
La legislación argentina contempla la posibilidad de prorrogar el presupuesto del año anterior cuando el Congreso no aprueba uno nuevo. Esto permite que el Poder Ejecutivo siga administrando los recursos públicos y mantenga en funcionamiento los organismos estatales.
La experiencia reciente lo demuestra. En los últimos años hubo ejercicios en los que el Congreso no sancionó una nueva ley presupuestaria y, sin embargo, el Estado nacional continuó operando con normalidad mediante la prórroga del presupuesto vigente y las adecuaciones administrativas correspondientes.
Por esa razón, un cierre masivo de organismos públicos por ausencia de presupuesto carece de un equivalente directo en el sistema argentino. Los salarios estatales, las jubilaciones, las prestaciones sociales, las fuerzas de seguridad, los hospitales nacionales y el resto de los servicios esenciales continúan funcionando aunque no exista una nueva ley presupuestaria aprobada por el Congreso.
Otro tema en el que Javier Milei pretende mimetizarse con su colega norteamericano.
La ley que pretende Milei
Javier Milei habló explícitamente de impulsar en la Argentina un mecanismo inspirado en el “government shutdown” estadounidense, asociado a su objetivo de imponer límites más estrictos al gasto público.
Entrevistado en el canal de streaming Neura, el Presidente anunció que “estamos trabajando en el armado del shutdown del Poder Ejecutivo, en realidad de la política”. “Cuando te agotás el presupuesto no se puede gastar más y se apaga el Estado”, razonó el mandatario.
Milei busca eliminar de esta manera la práctica actual en la que el Ejecutivo puede prorrogar partidas presupuestarias o ampliar gastos sin el aval estricto del Congreso.
“Cuando se agota el presupuesto, automáticamente se apaga el Estado”, insiste el mandatario.
Según explicó, la iniciativa formaría parte de un paquete de reformas institucionales vinculado a la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central y a la búsqueda de consolidar el equilibrio fiscal. La lógica que plantea es que, una vez agotadas las partidas autorizadas, el Poder Ejecutivo no pueda seguir gastando sin una nueva autorización legal.
Ahora bien, hay una diferencia importante con el sistema argentino actual. Hoy, si el Congreso no aprueba un nuevo presupuesto, sigue vigente el del año anterior por efecto del artículo 27 de la Ley de Administración Financiera. Por eso, para aplicar un esquema semejante al estadounidense, el Gobierno debería modificar la legislación vigente.
¿Pero sería constitucional? Para el constitucionalista Félix Lonigro, “no habría inconstitucionalidad alguna”. Así lo expresó a este medio, aunque aclaró que “de cualquier modo habría que ver cómo se lo implementaría, porque la administración no puede dejar de prestar servicios esenciales.
Además, la ley no podría avanzar sobre el servicio legislativo ni sobre el Poder Judicial porque eso sí sería inconstitucional”.
Sin embargo, el diputado nacional y constitucionalista Juan Fernando Brügge (Provincias Unidas – Córdoba) considera que para avanzar hacia un esquema semejante al estadounidense no alcanzaría simplemente con modificar la Ley de Administración Financiera. El legislador recuerda que la Constitución establece que corresponde al Congreso “fijar anualmente el presupuesto general” y sostiene que una eventual prórroga solo puede ser excepcional y limitada en el tiempo. Según argumentó en un proyecto de ley presentado el año pasado, una vez agotado ese plazo el Poder Ejecutivo quedaría sin autorización legal para realizar gastos que no estuvieran expresamente habilitados.
Brügge presentó un proyecto para que el presupuesto pueda prorrogarse únicamente por un año.
En esa iniciativa, Brügge propuso que el presupuesto pueda prorrogarse únicamente por un año y que, si al cabo de ese período el Congreso continuara sin aprobar una nueva ley de Presupuesto, la actividad estatal quede reducida exclusivamente a las áreas de seguridad, defensa, salud y educación. Para el diputado, una prórroga indefinida del presupuesto vigente resulta incompatible con el artículo 75 inciso 8 de la Constitución Nacional, que ordena la aprobación anual de la ley de gastos y recursos.
De este modo, el constitucionalista entiende que un mecanismo similar al shutdown estadounidense podría implementarse en la Argentina, pero no como una simple decisión administrativa destinada a “apagar el Estado”, sino mediante una reforma legal que redefina los efectos de la falta de aprobación del presupuesto y que, además, debería superar el inevitable debate sobre su encuadre constitucional.