La misma condena fue dictada, también, para su secretaria Iara Guinsel. Los meses que llevan en prisión domiciliaria serán computados en el fallo. Las otras causas que enfrenta el enterrriano.
Desde Asunción, el Tribunal Especializado en Delitos Económicos y Anticorrupción resolvió condenar al exsenador entrerriano Edgardo Kueider -y a su secretaria Iara Guinsel- a cumplir una condena de dos años de prisión en la causa que lo investiga por presunto contrabando en grado de tentativa. Los dos seguirán cumpliendo prisión domiciliaria en Paraguay.
La investigación comenzó el 4 de diciembre del 2024 después de la detención del exlegislador en el paso fronterizo entre Foz do Iguaçu y Ciudad del Este, cuando viajaba a bordo de una camioneta Chevrolet Trailblazer con una suma mayor a 200.000 dólares en efectivo y sin declarar en la aduana de Paraguay.
Cuando Kueider fue detenido intentando ingresar al país vecino, todavía cumplía mandato como senador nacional. No obstante, el 12 de diciembre de ese año (una semana después de la aprehensión) el pleno de la Cámara alta se reunió en sesión especial para avalar la expulsión del legislador entrerriano. La votación se aprobó casi por unánimidad: fueron 60 votos afirmativos, 6 negativos y 1 abstención.
Desde hace un año y medio, Edgardo Kueider cumple prisión domiciliaria en Asunción junto a Guinsel, período que será computado para en la condena. El edificio cuenta con amenities de todo tipo: piscina, gimnasio, área de parrilla, salón climatizado y vestidores para el personal de servicio, además de estacionamientos y bauleras adicionales en el subsuelo.
De todos modos, ambos también fueron procesados en la Argentina por presunto lavado de activos en una investigación vinculada con la compra de seis departamentos y sus respectivas cocheras en un edificio de lujo de Asunción.
A la espera de la extradición de Edgardo Kueider, el exsenador enfrenta en nuestro país dos expedientes judiciales por presunto enriquecimiento ilícito. Uno está radicado en el Juzgado de Garantías N° 2 de Concordia y el otro en el Juzgado Criminal y Correccional Federal N° 1 de San Isidro.
Justamente, la jueza federal Sandra Arroyo Salgado había solicitado la extradición, trámite que ya fue aprobado por las autoridades paraguayas, pero cuya resolución definitiva permanece pendiente de una definición sobre la competencia por parte de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
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