Así lo reveló el jefe de los fiscales ante la Bicameral del Ministerio Público. En el marco del informe de gestión, advirtieron por la pérdida en materia presupuestaria.
Funcionarios del Ministerio Público de la Nación, encabezados por Eduardo Casal, se presentaron este martes ante la bicameral competente. Allí, el procurador interino renovó su pedido al Presidente Javier Milei para que dicte un decreto que le permita a los fiscales intervenir ante el Tribunal Superior de Justicia porteño.
El jefe de los fiscales estuvo junto a los secretarios de la Procuración Juan Manuel Casanovas (Técnica y Disciplinaria) y Juan Manuel Olima Espel (Coordinación Institucional), quienes expusieron el balance anual de la gestión del organismo y respondieron consultas de los legisladores.
Durante la reunión de la Bicameral de Seguimiento y Control del Ministerio Público Fiscal, presidida por el diputado Sebastián Galmarini (UP), Casal agradeció la convocatoria y expresó que ese ámbito constituye el vínculo de la Procuración con el Congreso, “donde se hace valer nuestra responsabilidad institucional”.
En su intervención, el jefe de los fiscales se refirió a las consecuencias del fallo “Levinas” y reveló que le solicitaron al Poder Ejecutivo el dictado de un decreto de necesidad y urgencia que permita mantener la intervención del Ministerio Público Fiscal en las causas de la Justicia Nacional con asiento en la Ciudad de Buenos Aires mientras se completa el proceso de transferencia de competencias a la órbita porteña.
“Tenemos una responsabilidad fundamental de hacer efectiva la justicia penal y no perjudicar el ejercicio de la acción”, afirmó y agregó que, mientras la situación no se resuelva, “la Procuración continuará interponiendo los recursos correspondientes”. A su vez, reveló que el borrador del DNU se encuentra actualmente bajo análisis del Ministerio de Justicia.
La presentación se inició con la exposición de Olima Espel, quien destacó que el informe de gestión fue presentado “en tiempo y forma”. Explicó que, además del cumplimiento de la obligación legal, el organismo consideró importante exponer ante los legisladores los principales hitos de la gestión y fortalecer el vínculo institucional con el Congreso.
En tal sentido, detalló los lineamientos de política criminal impulsados por la Procuración General y resaltó que, por primera vez, se establecieron directrices comunes para todo el Ministerio Público Fiscal en materia de persecución de la criminalidad organizada. Sobre esto, ahondó que delitos complejos como la trata de personas, el narcotráfico y otras modalidades del crimen organizado requieren respuestas especializadas y destacó el trabajo coordinado de las fiscalías especializadas en todo el país para mejorar la trazabilidad de las investigaciones.
En materia presupuestaria, advirtió que los recursos del organismo crecieron muy por debajo de la inflación y señaló una pérdida del 47% en los últimos dos años. A pesar de ese escenario, el secretario remarcó que se avanzó en políticas de modernización como la digitalización de expedientes, la implementación de un sistema único de gestión para causas penales y no penales, herramientas de cruce de datos para fortalecer la transparencia y la puesta en marcha, el año pasado, de un programa destinado a regular el uso de la inteligencia artificial dentro del Ministerio Público Fiscal.
También destacó la aprobación de un protocolo regional sobre protección y seguridad de fiscales en el ámbito de la Asociación Iberoamericana de Ministerios Públicos (AIAMP), la creación de la estructura de coordinación del Sistema Federal de Recupero de Activos (SIFRAI), la institucionalización del vínculo con la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE) y la participación activa de la Procuración en las evaluaciones de la OCDE y del GAFI, proceso que contribuyó a que la Argentina saliera de la denominada “lista gris” por primera vez desde 2001.
A su turno, Casanovas se refirió al impacto de la implementación del Código Procesal Penal Federal, al que definió como una transformación institucional de gran magnitud. Explicó que el nuevo sistema acusatorio, al otorgar a los fiscales la conducción de las investigaciones penales, exige una profunda reorganización del organismo para garantizar un servicio de justicia más ágil, transparente y eficiente. Indicó que la Procuración trabaja en la redistribución de recursos humanos y en el traspaso de personal desde los juzgados hacia las fiscalías, y precisó que el Código Procesal Penal Federal ya se encuentra implementado en 13 distritos judiciales, que abarcan 19 provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Finalmente, sostuvo que, pese a tratarse de un organismo austero y con recursos limitados, se logró sostener una gestión eficiente. No obstante, pidió el acompañamiento institucional del Congreso para que, en la discusión del próximo Presupuesto, se contemplen los recursos necesarios.
Según el Informe de Gestión 2025, durante el período analizado ingresaron 1.282 expedientes al área de dictámenes: 24 recursos extraordinarios concedidos, 221 quejas por denegatoria de recurso extraordinario, 1.003 incidentes de competencia, 33 recursos ordinarios de apelación y un expediente originario.
En cuanto a la actividad desarrollada, el Ministerio Público Fiscal informó que elaboró proyectos de dictamen en 1.499 expedientes y emitió un total de 1.509 dictámenes durante el período de referencia. Esa cifra representa un nivel de actividad similar al registrado en el ejercicio anterior, cuando se produjeron 1.526 dictámenes, superior al de los años 2023, 2021 y 2020, aunque inferior al máximo alcanzado en 2022.
El Informe de Gestión 2025 constituye la rendición anual de cuentas de la Procuración General de la Nación y reúne estadísticas sobre la actividad institucional, los expedientes tramitados y el desempeño del Ministerio Público Fiscal durante el último ejercicio.