Un grupo de legisladores encabezado por Nicolás Massot presentó un proyecto de ley para crear la Agencia Federal PyME y establecer un régimen integral de promoción para el sector. La iniciativa incluye rebajas impositivas.
El diputado Nicolás Massot presentó un ambicioso proyecto de ley destinado a reformular la política pública de apoyo a las pequeñas y medianas empresas mediante la creación de la Agencia Federal PyME (AFePyME), un organismo descentralizado con autarquía operativa y financiera que funcionaría bajo la órbita del Ministerio de Economía. La propuesta lleva las firmas también de Miguel Ángel Pichetto, Martín Lousteau, Gisela Scaglia, Jorge Ávila, Pablo Outes, Oscar Zago, Eduardo Falcone, Carolina Basualdo, María Inés Zigarán, José Núñez y Lourdes Arrieta.
La iniciativa parte de la premisa de que las MiPyMEs representan el 65% del empleo registrado y generan el 42% del Producto Bruto Interno, pero carecen de una institución estatal capaz de atender de manera integral sus necesidades de financiamiento, empleo, carga tributaria y desarrollo productivo.
El corazón del proyecto es la creación de la AFePyME, que absorbería las funciones de la Secretaría de la Pequeña y Mediana Empresa y los Emprendedores, así como también del Fondo Nacional de Desarrollo Productivo (FONDEP) y del Fondo de Garantía para la Micro, Pequeña y Mediana Empresa (FOGAPYME). Según el texto, el nuevo organismo actuaría como una “ventanilla única” para el acceso a programas estatales, financiamiento y asistencia técnica.
La agencia tendría una estructura integrada por una Comisión Asesora Nacional, un Consejo Directivo y una Dirección General, con representación de las provincias, del sector empresario y de la Academia Nacional de Ciencias Económicas. Además, debería publicar anualmente un informe de impacto con indicadores sobre empleo, crédito, asistencia a empresas y supervivencia empresaria, auditado por un organismo independiente.
En materia laboral, el proyecto propone una reducción del 50% de las contribuciones patronales para las MiPyMEs que creen nuevos puestos de trabajo registrados. El beneficio se extendería durante tres años para cada contratación que implique un aumento neto de la plantilla laboral y podría ampliarse a cinco años en provincias con menor nivel de desarrollo relativo. La iniciativa contempla mecanismos para evitar abusos y excluye a empleadores sancionados por incumplimientos laborales.
La propuesta también incorpora un Sistema Simplificado de Reestructuración de Pasivos para empresas que atraviesen dificultades financieras. A través de un Registro Especial de Reestructuración de Pasivos (RERP), las firmas podrían acceder a un período de protección patrimonial de 120 días hábiles, durante el cual quedarían suspendidas ejecuciones judiciales, pedidos de quiebra y medidas cautelares, con el objetivo de facilitar acuerdos de refinanciación y preservar la continuidad de las actividades productivas.
Otro de los capítulos apunta a mejorar el acceso al crédito. Para ello se crea el Sistema Automático de Calificación Crediticia PyME (SACC-PyME), que sería implementado conjuntamente por el Banco Central y ARCA. El esquema utilizaría variables objetivas como facturación, historial financiero y cumplimiento fiscal para generar perfiles crediticios que faciliten el acceso a financiamiento productivo.
En el plano impositivo, el proyecto incluye beneficios de fuerte impacto. Entre ellos figura la eliminación del impuesto a los créditos y débitos bancarios para las MiPyMEs, una reducción de la alícuota del impuesto a las ganancias para determinadas empresas, la exención sobre utilidades reinvertidas, la libre compensación de saldos fiscales y la creación de una Cuenta Corriente Tributaria Federal MiPyME administrada por ARCA. También establece derechos de exportación del 0% para bienes y servicios producidos por empresas encuadradas en el régimen.
La iniciativa impulsa además un acuerdo fiscal con provincias y la Ciudad de Buenos Aires para reducir progresivamente la carga de Ingresos Brutos, y prevé un régimen de estabilidad fiscal por cuatro años que impediría aumentar la carga tributaria nacional sobre el sector sin una ley expresa del Congreso.
En sus fundamentos, los autores sostienen que el proyecto busca atacar simultáneamente los principales problemas que enfrentan las pequeñas y medianas empresas: la dificultad para acceder al crédito, la elevada presión fiscal, las cargas laborales, el sobreendeudamiento y la dispersión de organismos públicos encargados de promover el sector. Para ello proponen una reforma integral que combine incentivos, financiamiento, alivio tributario y una nueva institucionalidad federal orientada al desarrollo productivo.