La legisladora de Unión por la Patria María Teresa García impulsó un proyecto de resolución mediante el cual solicita al Poder Ejecutivo Nacional que informe de manera detallada sobre el gasto en publicidad de Yacimientos Petrolíferos Fiscales (YPF) durante los ejercicios 2024, 2025 y lo ejecutado en 2026. La iniciativa fue girada a las comisiones de Energía y Combustibles y de Presupuesto y Hacienda.

El pedido requiere que, a través del presidente y CEO de la compañía, Horacio Marín, se precise el monto total destinado a publicidad tradicional y no tradicional, el presupuesto previsto para el presente año y el nivel de ejecución alcanzado hasta julio de 2026. También reclama conocer el detalle de los proveedores contratados, incluyendo medios de comunicación, agencias, productoras, radios, canales de streaming y otras plataformas, junto con los montos, objetos y plazos de cada contratación.

Además, la autora solicita información sobre los criterios utilizados por la empresa para distribuir los recursos publicitarios, las evaluaciones realizadas sobre las campañas ejecutadas durante 2024 y 2025, y los indicadores empleados para medir sus resultados. El proyecto también pide conocer el plan publicitario previsto para 2026, incluyendo objetivos, estrategias y parámetros de desempeño.

Entre los puntos requeridos figura asimismo la metodología utilizada por YPF para analizar riesgos en el diseño y ejecución de sus políticas de comunicación, así como el grado de implementación de la Política Anticorrupción para Socios de Negocios en relación con los proveedores de servicios publicitarios. La diputada reclama datos sobre auditorías, controles y niveles de adhesión a esa normativa por parte de las empresas contratadas durante los últimos tres años.

En los fundamentos, García sostiene que, pese a la política de “pauta cero” proclamada por el Gobierno nacional, parte de la inversión en publicidad estatal se habría trasladado hacia empresas con participación estatal, entre ellas YPF. En ese marco, cita investigaciones periodísticas que señalaron un incremento significativo del gasto publicitario de la petrolera en los últimos años y cuestiona la falta de información pública sobre el destino de esos recursos.

La legisladora también menciona controversias vinculadas al acceso a la información pública sobre la distribución de la pauta de la empresa. Según señala, organizaciones como Chequeado y Poder Ciudadano impulsaron acciones para acceder a esos datos, mientras que la Agencia de Acceso a la Información Pública se expidió a favor de que la compañía brinde la información requerida.

Para la autora, las implicancias presupuestarias y éticas del manejo de fondos de una empresa con mayoría estatal justifican un mayor nivel de transparencia y control parlamentario. Por ello, reclama que el Ejecutivo entregue información exhaustiva sobre la planificación, distribución y evaluación del gasto publicitario de YPF.