El vocero presidencial aseguró que “el BCRA perdió su misión central que debía haber sido preservar el valor del dinero”. Sobre la iniciativa de inviolabilidad que será tratado en el Senado señaló: “La propiedad privada es un derecho, no un privilegio y merece la protección plena de la ley”.
En su habitual conferencia de prensa desde Casa Rosada, el vocero presidencial, Adrián Ravier, brindó detalles este martes sobre el proyecto de reforma de la Carta Orgánica del Banco Central y explicó con precisión los capítulos de la inviolabilidad de la propiedad privada que será debatido en el Senado este jueves.
Ravier se refirió a la reunión que el presidente, Javier Milei, mantuvo este lunes con su tropa de legisladores donde les brindó una “Master class” del proyecto que busca la reforma en la Carta Orgánica del Banco Central, proyecto que aún “no lo tenemos, se están definiendo detalles. No está terminado y por eso no hay fecha de cuándo se va a enviar al Congreso ni por qué cámara va a ingresar”.
“Seguimos preocupados por el futuro del equilibrio fiscal, queremos dejar alguna traba a este retorno a la inflación. En este sentido, los cambios a la Carta Orgánica que se están proponiendo buscan dar más seguridad de que este programa, que pone algún tipo de control sobre los agregados monetarios, se pueda sostener y, de esta manera, podamos tener estabilidad monetaria para adelante”, explicó y precisó que la propuesta del Presiente plantea cambios a lo que es la Carta Orgánica y el artículo 3 que habla de la misión del Banco Central.
“Desde la creación del BCRA en 1935 la inflación fue un problema creciente y ha empobrecido a todos los argentinos. Por eso, se pretende recuperar una moneda sana y el crecimiento económico. La inflación no solo es perder el poder adquisitivo, sino distorsionar los precios relativos, es complicar el cálculo económico, la evaluación de los proyectos de inversión, todo lo necesario para tener crecimiento”, recordó y apuntó: “El kirchnerismo devolvió la inflación al país y desde ahí en adelante volvemos a sufrir problemas en el poder adquisitivo y en la falta de crecimiento”.
Ravier indicó que “hay cinco ejes de la iniciativa. La primera es establecer que la única función del Banco Central sea preservar el valor de la moneda, ese será su único objetivo y mandato. Es volver a la Carta Orgánica de 1992”.
En esa línea, recordó que en al año 2012 Marco Del Pont cambió ese artículo 3 y “ahí empezó el problema central donde la Argentina comenzó a ser más desigual, más pobre, perdió el crecimiento, la estabilidad y creemos que es porque el BCRA perdió su misión central que debía haber sido preservar el valor del dinero. La modificación reduce la independencia del Banco Central respecto del Poder Ejecutivo y es fundamental para adelante que la entidad sea independiente del gobierno político de turno”.
“Un segundo factor es prohibir el financiamiento del Tesoro Nacional por ejemplo a través de adelantos transitorios que son préstamos del Banco Central a tasa 0. Por otro lado, prohibir la creación de las Letras intransferibles del Tesoro este era el instrumento por el cual el Gobierno toma las reservas del BCRA y deja en su lugar esas letras que no se pueden vender al mercado y le queda al gobierno que sigue”, precisó.
Como tercer aspecto, comentó que se busca “fortalecer el esquema de gobernanza de la entidad, incorporando mecanismos institucionales que otorguen mayor estabilidad a sus autoridades y eleven los requisitos para la remoción del presidente y del directorio. Sería deseable que en el país un Presidente que cumpla con esta misión, que logre estabilizar la moneda, pasen los gobiernos y mantengan al mismo presidente del BCRA”.
“Otro punto es restringir la distribución de utilidades del BCRA, salvo en circunstancias excepcionales como escenarios de deflación y, por último, endurecer el régimen de responsabilidades y sanciones para las futuras autoridades que, de manera directa o indirecta, utilicen el Banco Central para financiar el déficit fiscal del Tesoro Nacional mediante la emisión monetaria”, agregó.
Por último, resumió: “En términos institucionales es que el BCRA funcione con reglas claras, previsibles y estables, disminuyendo la discrecionalidad política, aumentando la credibilidad de la política monetaria”.
En otro tramo de la conferencia, Ravier se refirió al proyecto de Inviolabilidad de la Propiedad Privada que será debatido en una sesión del Senado el próximo jueves, por lo que citó a Juan Bautista Alberdi para respaldar la iniciativa del Ejecutivo: “Entendió que la propiedad privada era uno de los pilares de una sociedad libre y próspera. La propiedad es una extensión de la libertad individual. Proteger la propiedad, es proteger el fruto del trabajo del ahorro y el esfuerzo personal”.
El funcionario justificó que “es la condición del desarrollo económico porque nadie invierte, emprende o produce si teme que sus bienes pueden ser confiscados o expropiados sin garantías. La seguridad jurídica incentiva la acumulación de capital y el crecimiento”, y sumó: “Limita el poder del Estado y favorece la inmigración y la inversión, uno de los objetivos es atraer capitales ofreciendo reglas estables y la certeza de que la propiedad será respetada”.
En tanto, cuestionó que “en la Argentina siguen existiendo un manojo de leyes que contradicen flagrantemente el espíritu de la Constitución Nacional de 1853. El paquete de propiedad privada que tratará el Senado el jueves busca reestablecer ese derecho Constitucional”.
Al hablar del proyecto, comentó que se divide en cinco capítulos. El primero se refiere a expropiaciones: “Es interesante mirar los datos del Tribunal del Banco Mundial donde la Argentina tiene un récord internacional siendo el segundo país con más denuncias en todo el planeta donde se destacan casos de expropiaciones. Tenemos un total de 65 casos. Nuestras leyes actuales dejan la ventana abierta para que se continúen violentando los derechos de propiedad, cuya demanda se traslada a juicios millonarios. La Ley de expropiación actual es obsoleta, deja vacíos legales”.
“Necesitamos una ley clara, moderna y justa, que reconozca el interés público, pero respete las reglas de juego sin caer en el uso abusivo de la expropiación”, planteó y contó: “Proponemos reformar la Ley 21.499 con un principio rector impidiendo al Estado todo tipo de abuso de la figura de expropiación, para ello, el proyecto propone definiciones más exigentes de lo que sería la utilidad pública, se deberá identificar de manera concreta el fin que persigue y demostrar que la expropiación es idónea, necesaria y proporcional”.
Además, indicó que la reforma busca asegurar que el expropiado reciba una reparación plena por el valor de su bien, dispone la actualización del monto mediante IPC.
Sobre el capítulo dos respecto de los desalojos, planteó: “La idea es tomar medidas ante las ocupaciones de viviendas para que los propietarios la recuperen rápidamente. Actualmente tardan años en recuperar un inmueble, se normalizó durante décadas la impunidad de la ocupación ilegal”.
“El riesgo de las usurpaciones desalienta la oferta de vivienda y termina encareciendo los alquileres, la inseguridad jurídica la pagan los que cumplen la ley. Los desalojos tardan en promedio más de tres años en tener sentencia firme. Con la nueva ley va a permitir nuevos mecanismos para que la identificación del inmueble sea más fácil y reduce la burocracia que enfrenta el propietario para pedir medidas cautelares y proteger su inmueble”, fundamentó.
En lo que respecta al capítulo tercero sobre la Ley de tierras rurales, Ravier explicó que la norma de 2011 “criminalizó de facto la compra de tierras por parte de extranjeros contradiciendo el espíritu de la Constitución. La ley montó topes generales y arbitrarios”.
“Proponemos levantar las restricciones generales de la adquisición de tierras rurales por extranjeros porque Argentina se hizo grande en parte gracias a quienes llegaron de otros países, invirtieron y produjeron y no tiene sentido cerrarles las puertas. Esta ley propone endurecer los controles sobre estados extranjeros, empresas y sociedades que controlan. Van a requerir autorizaciones específicas y cualquier intento de eludirlas va a ser considera ilícito”, precisó.
Al hablar de la modificación de la Ley del Manejo del Fuego que está contemplado en el capítulo cuarto del proyecto, sostuvo que “la protección de los bosques nativos no se toca, la Ley de Bosques está igual”.
“Se busca modificar la ley impulsada por Máximo Kirchner que extendió las restricciones a campos agrícolas y a bosques implantados. Es un régimen que castiga al productor víctima de incendios y se lo castiga. Este marco regulatorio no funcionó”, criticó.
Por último, habló del capítulo cinco sobre la modernización del Registro de Propiedad del inmueble que “impulsa la digitalización del sistema, fija plazos máximos para trámites y crea una ventanilla única federal para acceder a la información registral desde un único portal. Es un registro más ágil, menos burocrático, más seguridad jurídica”, y cerró: “La propiedad privada es un derecho, no un privilegio y merece la protección plena de la ley”.