Diputados nacionales de La Libertad Avanza, Pro y Provincias Unidas participaron de una jornada organizada por entidades agroindustriales para debatir una regulación nacional sobre aplicación de fitosanitarios.
Legisladores nacionales de distintos bloques participaron este miércoles de una jornada técnica sobre aplicación de fitosanitarios convocada para analizar el vacío legal existente, el impacto de la creciente judicialización y las alternativas para establecer una regulación nacional que otorgue mayor previsibilidad a la producción agropecuaria.
Del encuentro participaron los diputados Martín Ardohain (Pro-La Pampa), Joaquín Benegas Lynch (LLA-Entre Ríos), Alicia Fregonese (Pro-Entre Ríos), Andrés Leone (LLA-CABA), Nicolás Mayoraz (LLA-Santa Fe), Javier Sánchez Wrba (Pro-Buenos Aires), Alejandra Torres (Provincias Unidas-Córdoba) y Santiago Santurio (LLA-Buenos Aires). También asistieron integrantes de los equipos de Romina Almeida, Karina Banfi, Verónica Razzini, Beltrán Benedit y Emilia Orozco.
La actividad reunió además a representantes de instituciones agroindustriales y especialistas en el marco de una agenda de trabajo impulsada por el Comité Ejecutivo Agrobioindustrial (CE ABI), con el objetivo de acercar información técnica al Congreso y promover un debate sustentado en evidencia científica.
Durante la jornada se analizó la situación regulatoria que enfrenta la aplicación de fitosanitarios en la Argentina, caracterizada por la coexistencia de normas provinciales, ordenanzas municipales y fallos judiciales que establecen criterios diferentes según cada jurisdicción. Los participantes coincidieron en que esa dispersión genera incertidumbre para productores y aplicadores, dificulta la incorporación de nuevas tecnologías y multiplica los conflictos judiciales.
Representantes de la Red de Buenas Prácticas Agropecuarias (Red BPA) expusieron los principales puntos de un proyecto de ley de presupuestos mínimos para la aplicación de fitosanitarios. La iniciativa contempla la definición de zonas sensibles y de amortiguamiento con criterios técnico-científicos, la capacitación y profesionalización de los aplicadores, la delimitación de responsabilidades y el fortalecimiento de los mecanismos de control mediante nuevas tecnologías.
Asimismo, se presentó una simulación sobre el impacto que podrían tener determinadas medidas cautelares sobre la superficie productiva, afectando actividades como la ganadería, la lechería y cultivos como maíz, trigo y papa. Según se señaló, en algunas zonas las restricciones podrían comprometer hasta el 40% del área productiva.
Desde el sector legislativo se planteó la necesidad de responder a las demandas sociales vinculadas al cuidado del ambiente y la salud, fortaleciendo la trazabilidad, la capacitación de los operadores y la aplicación de Buenas Prácticas Agropecuarias. Como conclusión, los participantes coincidieron en la importancia de avanzar hacia una ley nacional de presupuestos mínimos que aporte reglas homogéneas y reduzca el grado de judicialización que hoy registra la actividad.