La diputada libertaria presentó un proyecto de ley que establece presupuestos mínimos para la habilitación, control y fiscalización de criaderos, refugios, hogares de tránsito y pensionados para animales de compañía. La iniciativa crea un registro nacional, fija estándares de bienestar animal y endurece las exigencias para la reproducción y comercialización de mascotas.
La diputada nacional Karen Reichardt presentó un proyecto de ley destinado a crear un régimen nacional de presupuestos mínimos para la regulación de criaderos, refugios, hogares de tránsito y pensionados para animales de compañía en todo el país. La propuesta busca establecer criterios uniformes de bienestar animal, trazabilidad, sanidad y fiscalización, respetando las competencias de las provincias y de la Ciudad de Buenos Aires.
Entre los principales puntos, la iniciativa crea el Registro Nacional de Establecimientos para Animales de Compañía (RNEAC), en el que deberán inscribirse obligatoriamente todas las personas o entidades que desarrollen actividades vinculadas con la cría, alojamiento, rescate, tránsito o comercialización de animales de compañía. El registro será público, gratuito y de acceso digital, e incluirá información sobre habilitaciones, responsables, sanciones y estado de fiscalización.
El proyecto de la diputada libertaria exige a los establecimientos acreditar condiciones edilicias adecuadas, asistencia veterinaria, protocolos sanitarios, capacidad máxima autorizada, planes de contingencia y sistemas de identificación y trazabilidad animal. También prevé auditorías periódicas para verificar el cumplimiento de las condiciones exigidas.
La iniciativa reconoce expresamente a los animales de compañía como “seres sintientes” y adopta como criterio de evaluación del bienestar animal el estándar internacional de las “Cinco Libertades”, que contempla la protección frente al hambre, el dolor, el miedo, las enfermedades y las restricciones que impidan comportamientos propios de la especie.
En materia de controles, prohíbe operar sin habilitación, exceder la capacidad autorizada, reproducir animales con fines comerciales fuera del sistema registral o mantenerlos en situaciones de maltrato, hacinamiento o abandono. Asimismo, impide la comercialización de animales a través de plataformas digitales si no cuentan con la correspondiente inscripción en el registro nacional.
Para los criaderos, se establecen requisitos de reproducción responsable y se prohíben prácticas como la reproducción excesiva de hembras, la utilización de animales con patologías hereditarias incompatibles con su bienestar o la separación prematura de las crías. También se exige que los animales comercializados cuenten con identificación individual y certificación sanitaria.
Respecto de los refugios y hogares de tránsito, la propuesta obliga a garantizar protocolos sanitarios, programas de adopción responsable y esterilización previa a la entrega de los animales, salvo contraindicación veterinaria. Además, prohíbe el hacinamiento, aunque contempla excepciones para situaciones de emergencia, catástrofes o rescates masivos.
El proyecto también establece la prohibición de la eutanasia como método de control poblacional o por falta de espacio, permitiéndola únicamente en casos de enfermedades terminales o sufrimientos irreversibles certificados por profesionales veterinarios. Complementariamente, impulsa programas de Captura, Esterilización y Retorno (CER) y otras estrategias no letales para el manejo de animales en situación de calle.
Las infracciones podrán ser sancionadas con apercibimientos, multas, suspensiones, clausuras, cancelación registral e inhabilitación para la tenencia, cría o guarda de animales. Los fondos obtenidos por multas deberán destinarse exclusivamente a programas de castración, asistencia a refugios registrados y campañas de concientización sobre tenencia responsable.
En los fundamentos, Reichardt argumenta que existe una fuerte dispersión normativa en la materia y que el crecimiento de los criaderos, servicios de alojamiento para mascotas y organizaciones de rescate exige reglas uniformes que permitan prevenir el maltrato, la reproducción indiscriminada y la informalidad, al tiempo que fortalezcan la salud pública y el control sanitario.