La Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ), organización dedicada a la defensa de los derechos de los sectores más vulnerables y al fortalecimiento institucional, publicó un informe en el que analiza la situación de la Ley 27.795 de Financiamiento Universitario y cuestiona la decisión del Poder Ejecutivo de suspender su aplicación pese a haber sido promulgada tras la ratificación legislativa de un veto presidencial.

El trabajo recuerda que la norma fue aprobada por el Congreso en 2025 con el objetivo de garantizar el financiamiento de las universidades nacionales, recomponer salarios docentes y no docentes, actualizar partidas de funcionamiento de acuerdo con la inflación y fortalecer los programas de becas estudiantiles. Luego de ser vetada por el presidente Javier Milei, ambas cámaras reunieron las mayorías necesarias para insistir con su sanción, obligando al Ejecutivo a promulgarla.

Sin embargo, tras su promulgación, el Gobierno resolvió suspender su ejecución argumentando que la ley no establecía de manera explícita las fuentes de financiamiento para afrontar los gastos previstos. Esa decisión derivó en una presentación judicial impulsada por el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), que reclamó la aplicación efectiva de la norma.

ACIJ destaca que tanto el Juzgado Contencioso Administrativo Federal N.º 11 como posteriormente la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal consideraron, en forma cautelar, que la insistencia legislativa prevista en el artículo 83 de la Constitución Nacional prevalece sobre cualquier interpretación administrativa que habilite la suspensión de una ley ya promulgada. No obstante, el caso quedó ahora bajo análisis de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

Uno de los puntos centrales del informe es la discusión sobre el costo fiscal de la ley. Según distintas estimaciones citadas por ACIJ, su implementación demandaría entre 2,5 y 3,6 billones de pesos durante 2026. La organización reconoce que todo Estado enfrenta restricciones presupuestarias, pero sostiene que cuando están involucrados derechos fundamentales, como el acceso a la educación superior, el argumento fiscal debe ser examinado con especial rigurosidad.

En ese sentido, el trabajo señala que decisiones tributarias adoptadas por el propio Gobierno, como las modificaciones introducidas al impuesto sobre los Bienes Personales en 2024, implicaron una reducción de recursos fiscales estimada en alrededor de 0,2% del Producto Bruto Interno anual, por lo que considera contradictorio invocar escasez de fondos para incumplir una norma destinada a sostener un derecho constitucional.

El informe también advierte sobre la situación crítica que atraviesan las universidades nacionales. Según los datos recopilados por ACIJ, entre 2023 y 2025 el gasto real destinado al programa "Desarrollo de la Educación Superior" cayó 29%, alcanzando su nivel más bajo desde 2006. Además, el presupuesto vigente para 2026 profundizaría esa tendencia.

La reducción presupuestaria impactó directamente sobre los salarios universitarios. De acuerdo con el estudio, en marzo de 2026 el salario real de un profesor asistente con dedicación semiexclusiva se ubicaba 25% por debajo del nivel registrado tres años atrás, mientras que la inversión por estudiante alcanzó el valor más bajo desde al menos 2004.

En sus conclusiones, ACIJ plantea que el debate sobre la Ley de Financiamiento Universitario involucra simultáneamente cuestiones de derechos, institucionalidad democrática y asignación de recursos públicos. La organización remarca que la voluntad del Congreso fue expresada en dos oportunidades al aprobar e insistir con la norma, y sostiene que cualquier intento de postergar su aplicación debe ser analizado con especial atención desde la perspectiva constitucional y democrática.