Diputados de Provincias Unidas presentaron un proyecto que introduce cambios en la Ley 27.802 para ampliar los incentivos a las pequeñas y medianas empresas. La iniciativa incluye una moratoria fiscal, suspensión de embargos y ejecuciones de ARCA, estabilidad tributaria por dos años y nuevas líneas de financiamiento productivo.
Un grupo de diputados del bloque Provincias Unidas, encabezado por el socialista santafesino Pablo Farías, presentó un proyecto de ley para modificar diversos aspectos de la Ley 27.802 de Modernización Laboral, con el objetivo de fortalecer el Régimen de Incentivo para Medianas Inversiones (RIMI) y poner en marcha un amplio esquema de asistencia para las micro, pequeñas y medianas empresas. La iniciativa lleva además las firmas de Gisela Scaglia, María Inés Zigarán, Juan Brugge, Mariela Coletta, Carolina Basualdo, José Núñez, Esteban Paulón, Carlos Gutiérrez y Lourdes Arrieta.
La propuesta declara como objetivo la estabilización, el fortalecimiento y la reactivación de las MiPyMEs mediante medidas de alivio fiscal, financiero y administrativo destinadas a preservar la actividad productiva y el empleo.
Entre los principales puntos del proyecto figura la suspensión por un año de nuevos juicios de ejecución fiscal, embargos y otras medidas cautelares promovidas por la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) contra empresas con certificado MiPyME vigente. Para acceder al beneficio, las firmas deberán mantener al menos el 90% de su plantel de personal durante la vigencia de la medida.
La iniciativa crea además un régimen excepcional de regularización de deudas tributarias, aduaneras y previsionales que contempla la condonación de multas y una reducción de hasta el 80% de los intereses para micro y pequeñas empresas. También prevé planes de pago de hasta 96 cuotas y períodos de gracia de seis meses.
Otro de los ejes es la reducción temporal de los anticipos del Impuesto a las Ganancias. Las micro y pequeñas empresas abonarían sólo el 25% de los anticipos previstos por la normativa general, mientras que las medianas pagarían el 50%. Asimismo, podrían computar el 100% del impuesto al cheque como pago a cuenta de Ganancias.
El proyecto establece, además, un régimen de estabilidad fiscal por veinticuatro meses, durante los cuales no podrían crearse nuevos tributos nacionales ni incrementarse las alícuotas de los existentes para las MiPyMEs alcanzadas.
También incorpora medidas para favorecer la participación de las PyMEs en las compras públicas y como proveedoras de proyectos encuadrados en el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), incluyendo devolución acelerada de créditos fiscales, amortización acelerada de inversiones y reducciones en contribuciones patronales.
En materia financiera, se propone la creación de líneas especiales de crédito para inversión productiva y capital de trabajo con tasas bonificadas, períodos de gracia y respaldo del Fondo de Garantías Argentino (FOGAR).
Las modificaciones a la Ley de Modernización Laboral se concentran especialmente en el Régimen de Incentivo para Medianas Inversiones (RIMI), creado por esa norma. El proyecto reduce los montos mínimos de inversión exigidos para acceder a los beneficios, amplía los mecanismos de amortización acelerada, flexibiliza el tratamiento de quebrantos impositivos y extiende de dos a cinco años el plazo de vigencia del régimen, con posibilidad de una prórroga adicional.
En los fundamentos, los autores sostienen que las MiPyMEs constituyen la principal fuente de empleo privado formal y advierten que muchas atraviesan dificultades derivadas de la presión fiscal, las restricciones de financiamiento y la caída de la actividad económica. Por ello, afirman que resulta necesario adoptar "medidas extraordinarias y transitorias" para preservar las capacidades productivas y evitar cierres de empresas.