Desde el Colegio de Abogados de Buenos Aires (ColProBA) emitió un enérgico comunicado en el que reclama la cobertura urgente de las vacantes en la Suprema Corte de Justicia provincial y en la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
El organismo alertó que la alarmante falta de ministros en ambos tribunales superiores “compromete seriamente el servicio de Justicia” y representa un debilitamiento deliberado de los poderes institucionales.
De acuerdo con el documento difundido por la entidad, los dos máximos tribunales del país operan bajo mínimos históricos. La Corte Suprema de Justicia de la Nación funciona actualmente con tres de sus cinco miembros, mientras que la Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires cuenta con apenas tres de sus siete integrantes.
Desde el nucleamiento de abogados enfatizaron que esta desintegración imposibilita que el tribunal provincial ejerza a pleno su función más trascendente: fijar y unificar la doctrina legal que vincula y orienta a todos los juzgados de la jurisdicción.
El ColProBA denunció además que esta crisis institucional se ha naturalizado de forma peligrosa, convirtiéndose en un "estado de cosas tolerado" en lugar de recibir la atención de una emergencia prioritaria.
Un punto crítico del comunicado apunta de forma directa contra las recientes decisiones del Poder Ejecutivo Nacional. Los letrados indicaron que el dictado del Decreto 467/2026 agrava profundamente el escenario institucional.
Según explicaron, esta norma derogó las disposiciones que garantizaban herramientas de participación democrática y equilibrada en razón de género, incumpliendo los compromisos internacionales asumidos previamente por el Estado Argentino.
Ante este panorama, las autoridades de la abogacía organizada demandaron que el proceso de selección de nuevos magistrados cumpla estrictamente los preceptos constitucionales.
Detallaron que se debe priorizar la incorporación de juristas de reconocida trayectoria ética, considerando criterios explícitos de especialización técnica, diversidad de género efectiva y una representación estrictamente federal que dé espacio a referentes del interior del país, incluyendo también a profesionales provenientes del ejercicio liberal de la abogacía.
Finalmente, el Colegio remarcó que cumplir con estas designaciones constituye un deber constitucional ineludible que no puede quedar supeditado a conveniencias partidarias de los gobernantes de turno.