Un informe de la Oficina de Presupuesto del Congreso advirtió que el adelanto enviado por el Poder Ejecutivo sobre el Presupuesto 2027 presenta un contenido más acotado que el del año anterior. No incluye el contexto macroeconómico, las prioridades de política presupuestaria ni las estimaciones tributarias, aunque detalla el estado del proceso de formulación y muestra un superávit financiero de $2,7 billones en los primeros cinco meses de 2026.
El Poder Ejecutivo remitió al Congreso a principios de julio el Informe de Avance del Proyecto de Ley de Presupuesto General de la Administración Nacional para 2027, cumpliendo con la obligación establecida por la Ley 24.629. El documento fue analizado por la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC), que destacó una diferencia central respecto del informe presentado un año atrás: el contenido es considerablemente más reducido y omite información considerada clave para anticipar los lineamientos del próximo presupuesto.
Según la OPC, el informe de avance para 2027 se limita principalmente a describir el estado del proceso de formulación presupuestaria y a ofrecer una síntesis de la ejecución presupuestaria al 31 de mayo de 2026. En cambio, no incorpora apartados que sí figuraban en el documento correspondiente al Presupuesto 2026, como el contexto macroeconómico, las prioridades de la política presupuestaria, la estimación de los recursos tributarios y la política de gestión y empleo público.
El análisis parlamentario señala que el proceso de elaboración del presupuesto continúa desarrollándose bajo un esquema de centralización normativa y descentralización operativa, con la conducción del Grupo de Apoyo para la Elaboración del Presupuesto (GAEP), integrado por áreas del Ministerio de Economía y de la Jefatura de Gabinete.
14 actividades
El cronograma de formulación para el período 2027-2029 contempla 14 actividades. De acuerdo con el informe, las primeras diez ya fueron completadas. Entre ellas figuran la definición de criterios para la inversión pública, el relevamiento de personal estatal, la proyección de variables macroeconómicas y de recursos tributarios, la programación de la deuda pública y la carga de los proyectos de inversión.
Uno de los pocos datos cuantitativos incluidos en el informe se refiere a la inversión pública. Los requerimientos presentados para 2027 alcanzan 1.765 proyectos por un monto total de $10,2 billones. La cifra representa una reducción respecto de los 2.014 proyectos considerados para 2026 y de los 4.496 registrados para 2025.
Aunque el Ejecutivo no difundió las proyecciones macroeconómicas concretas, sí anticipó algunos lineamientos generales. El documento menciona que para 2027 se prevé la continuidad del proceso de normalización económica, con crecimiento del PIB apoyado en la recuperación de la inversión y el consumo privado, una menor inflación y una evolución favorable del empleo y de los indicadores sociales.
La OPC también destacó que ya fueron remitidos 109 presupuestos preliminares correspondientes a jurisdicciones y entidades de la Administración Nacional, además de empresas públicas, fondos fiduciarios y otros organismos.
Saneamiento de cuentas provinciales
En materia de coordinación fiscal, el informe menciona la continuidad del proceso de saneamiento de las cuentas provinciales. Actualmente, 20 provincias y la Ciudad de Buenos Aires adhirieron al Régimen de Extinción de Obligaciones Recíprocas entre Nación y provincias, mientras que siete jurisdicciones ya firmaron acuerdos bilaterales de compensación.
Respecto de la ejecución presupuestaria de los primeros cinco meses de 2026, el informe exhibe resultados positivos. Los ingresos totales ascendieron a $59 billones, mientras que los gastos totalizaron $56,4 billones, lo que permitió alcanzar un resultado financiero superavitario de $2,7 billones. A su vez, el resultado primario fue de $8,4 billones.
Los gastos primarios acumulados sumaron $50,6 billones, con una ejecución equivalente al 38,5% del crédito vigente. Por su parte, los ingresos corrientes alcanzaron $57,8 billones, con una ejecución del 39,4%.
La mayor parte del gasto de la Administración Nacional continuó concentrándose en los servicios sociales, que absorbieron $41,7 billones, equivalentes al 73,9% del gasto total. Dentro de ese rubro, la Seguridad Social representó por sí sola $33,7 billones, es decir casi el 60% de las erogaciones nacionales.
Los próximos pasos contemplan la elaboración de los anteproyectos ajustados a los límites financieros que determine la Secretaría de Hacienda, la definición de los supuestos macroeconómicos definitivos para el período 2027-2029 y la fijación de los objetivos estratégicos de política presupuestaria. Recién entonces quedarán explicitadas las metas de resultado primario y financiero que formarán parte del proyecto de ley que el Gobierno deberá enviar al Congreso antes del 15 de septiembre.