El anteproyecto de ley elaborado por la cartera de Desregulación no sólo modifica decenas de normas vigentes, sino que directamente elimina leyes completas de sectores tan diversos como el gas licuado, el libro, los arrendamientos rurales, la vitivinicultura, el cabotaje, el ahorro previo y distintos instrumentos financieros. Además, deroga numerosos artículos de otras normas para avanzar sobre una amplia liberalización de mercados.
El Gobierno se apresta a enviar al Congreso un ambicioso proyecto de desregulación que apunta a desmontar buena parte del entramado normativo que regula actividades económicas, productivas y profesionales en la Argentina. Elaborada por el Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado, la iniciativa no se limita a introducir modificaciones puntuales: propone derogar de manera completa una serie de leyes vigentes desde hace décadas y eliminar numerosos artículos de otras normas, con el argumento de reducir la intervención estatal, fomentar la competencia y simplificar la actividad privada. El alcance de los cambios abarca sectores tan diversos como la energía, la cultura, el agro, la navegación, las finanzas y el comercio.
El texto de 349 artículos impulsado por Federico Sturzenegger plantea una de las mayores reformas regulatorias de los últimos años. Entre derogaciones totales y parciales, elimina regímenes históricos, organismos y fondos específicos, al tiempo que flexibiliza actividades económicas, profesionales y comerciales.
Estas son las leyes que el proyecto deroga íntegramente y qué regulan actualmente.
Sancionada en 2005, regula toda la cadena de producción, fraccionamiento, distribución y comercialización de garrafas de gas licuado de petróleo. También establece mecanismos de control estatal sobre la actividad y facultades regulatorias del Estado. El proyecto la elimina por completo.
Establece la obligación de doblar al castellano determinadas producciones cinematográficas y audiovisuales extranjeras exhibidas en el país, con el objetivo de fomentar la actividad profesional de doblaje nacional.
Conocida como ley de precio uniforme del libro, impide la competencia mediante descuentos indiscriminados y protege a librerías y editoriales. El proyecto propone su derogación total.
Complementa el régimen de arrendamientos y aparcerías rurales, estableciendo reglas específicas sobre contratos agrarios. Quedaría sin efecto.
Es la norma central que regula los contratos de alquiler y explotación compartida de campos. Establece derechos y obligaciones de propietarios y productores rurales. El proyecto la deroga completamente.
Creó mecanismos de promoción y control vinculados a la actividad vitivinícola. La iniciativa oficial propone su derogación total.
Creó la Corporación Vitivinícola Argentina (COVIAR), encargada de ejecutar el Plan Estratégico Vitivinícola y financiada mediante aportes obligatorios del sector. La derogación implica además la liquidación de la corporación.
Es la norma histórica que reserva el cabotaje nacional para buques argentinos o sujetos a autorizaciones especiales. Su derogación constituye uno de los cambios más significativos del capítulo naviero.
Norma fundacional del régimen de sociedades de capitalización y ahorro previo. El proyecto elimina ese esquema regulatorio específico.
Antigua ley vinculada al régimen de warrants y certificados de depósito. Quedaría derogada dentro de la reforma de instrumentos financieros.
Norma relacionada con el sistema de garantías mobiliarias y títulos de crédito. Es eliminada en el capítulo financiero.
Ley vinculada a instrumentos de crédito y garantías comerciales, cuya derogación forma parte de la reforma integral del sistema prendario y de warrants.
Además de estas derogaciones totales, el proyecto elimina capítulos o artículos completos de otras normas.
Deroga los artículos 31 a 35, vinculados al ejercicio profesional del corretaje.
Deroga los artículos 6, 7, 8, 9, 10, 13, 17, 18 y 20, eliminando diversos mecanismos de promoción y organismos previstos por la norma.
Deroga el artículo 6°, reduciendo exigencias vinculadas a las traducciones oficiales.
Elimina nueve artículos (11, 13, 20, 27, 40, 41, 42, 43 y 44), en el marco de una liberalización de horarios, propiedad y venta de medicamentos.
Deroga el artículo 3°, relativo a la fiscalización de medicamentos veterinarios.
Deroga parte del sistema de financiamiento obligatorio del instituto, incluyendo los artículos 16 y 17.
Deroga los artículos 10, 12, 13, 18, 36, 37 y 38.
Deroga los artículos 5, 10, 16, 18, 19, 22, 25 y 28.
Deroga el artículo 56 y modifica sustancialmente el régimen de dotaciones y tripulación.
Deroga el artículo 46, referido al régimen de contenedores.
Elimina diversos artículos vinculados a incentivos y condiciones para el tratamiento de bandera nacional.
Deroga su artículo 85, parte del régimen de capitalización y ahorro.
Deroga el artículo 174.
Deroga el artículo 9°, referido a competencias de la Inspección General de Justicia sobre entidades de ahorro y capitalización.
Deroga el artículo 25.
Deroga los artículos 8 a 11.
Deroga el inciso d) del artículo 26, vinculado a exenciones para determinados retornos cooperativos.
En total, el anteproyecto elimina de manera completa 12 normas nacionales y deroga parcial o totalmente decenas de artículos de más de 25 leyes adicionales, abarcando sectores que van desde el agro, la energía y la navegación hasta el mercado de capitales, la cultura, las profesiones reguladas y el sistema tributario.