En un movimiento legislativo clave para la ampliación de derechos de las mujeres y las infancias, ingresó formalmente a la Cámara de Diputados bonaerense, presentada por una diputada oficialista.
Se trata de la presentación de un proyecto de ley que busca reconocer y sancionar de manera expresa la violencia vicaria dentro del territorio bonaerense.
La iniciativa, presentada por la diputada provincial Evelyn Flores Yanz, del bloque UP, propone reformar de manera integral la Ley de Violencia Familiar N° 12.569 para visibilizar una de las modalidades más crueles de la violencia de género.
De acuerdo con el texto de la propuesta, se define a la violencia vicaria como aquella conducta, ya sea por acción u omisión, que se ejerce sobre las hijas, hijos o personas del grupo familiar o afectivo de la mujer con el objetivo explícito de infligirle sufrimiento, control o sometimiento, dañando de forma indirecta su integridad física, psicológica, económica o patrimonial.
En los fundamentos de la norma se destaca que esta problemática, conceptualizada originalmente por la psicóloga argentina Sonia Vaccaro en el año 2012, suele permanecer invisibilizada en el ámbito judicial, donde los operadores de la justicia tienden a catalogar de forma errónea estas agresiones como meros conflictos parentales o disputas vinculadas al régimen de comunicación de los menores.
Esta falta de encuadre normativo no solo desprotege a las víctimas, sino que muchas veces deriva en intervenciones estatales inadecuadas que terminan reproduciendo el riesgo de femicidios vinculados.
Para revertir esta situación, el proyecto introduce cambios sustanciales en la normativa vigente; modifica el artículo 2 para incorporar el supuesto de violencia vicaria y reforma el artículo 6 bis estableciendo la gratuidad absoluta del proceso judicial y la asistencia jurídica especializada sin requerir patrocinio letrado obligatorio para efectuar la denuncia.
Además, establece, en el artículo 19, exigencia a la Suprema Corte de Justicia y a la Procuración General la capacitación obligatoria con perspectiva de género e infancia para todos los integrantes de los Juzgados de Familia, de Paz, Fiscalías y Asesorías de Incapaces.
Con este avance, se busca dotar a los equipos técnicos y magistrados de herramientas prácticas que permitan restringir o suspender regímenes de visitas cuando los vínculos afectivos sean instrumentalizados como herramientas de agresión, garantizando una respuesta estatal temprana, eficaz y alineada con el interés superior de las niñas, niños y adolescentes.